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El sector fotovoltaico llevará al gobierno ante el Supremo, el Constitucional y la Comisión Europea

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Las tres principales asociaciones anunciaron ayer que denunciarán los recortes impuestos por el gobierno a las percepciones económicas para la generación de electricidad mediante tecnología fotovoltaica. El sector, aseguran, no acepta unas normas que tienen un claro carácter retroactivo.

Los rostros que pusieron voz a las denuncias fueron el presidente de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), Javier Anta; el presidente de la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), Juan Laso; y el presidente de la sección de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), Javier García Breva. Es la segunda vez que aparecían en los últimos meses de forma conjunta. La primera fue en pasado mes de noviembre en la revista Energías Renovables a lo largo de una entrevista a tres bandas en la que dejaron claro que actuarían unidos para defender al sector fotovoltaico. Este es uno de los aspectos destacados por Javier García Breva, para quien “todo el sector fotovoltaico está en el mismo barco ante medidas retroactivas, que se suman a recortes anteriores de primas por cerca del 60% y de un parón en el ritmo de instalación de nuevos megavatios de 2.600 a 250 anuales”.

Durante la intervención de ayer, las tres asociaciones anunciaron que van a acudir a todas las instancias judiciales posibles. Presentarán recursos colectivos e individuales ante el Tribunal Supremo contra el RD 1565/2010, la norma aprobada por el gobierno el pasado mes de noviembre en la que se limita a 25 años el periodo con derecho a percepción de la prima, modificando con carácter retroactivo la legislación que en su día determinó que a partir del año 26 de producción las instalaciones cobrarían el 80% de la prima.

También se presentarán recursos colectivos y particulares ante el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional contra el RD-L 14/2010, aprobado por el gobierno el pasado mes de diciembre. Ese Real Decreto-Ley recorta con carácter retroactivo el número de horas de producción fotovoltaica con derecho a percibir la prima. Esto significa que las instalaciones cobrarán, aproximadamente, un 30% menos durante los tres años que el gobierno aplicará está medida. En compensación, el gobierno extenderá el cobro de la prima de 25 a 28 años.

Por último, ASIF, AEF y APPA han anunciado acciones colectivas y particulares en instancias internacionales como la Comisión Europea, ante la que denunciarán el incumplimiento del derecho comunitario y a la que pedirán que abra un procedimiento de infracción contra España.

En paralelo, las asociaciones han creado varias plataformas de afectados, han encargado un estudio a Deloitte que demuestre que no son responsables del déficit de tarifa y han emprendido una campaña de contactos con grupos políticos para evitar que la semana que viene se convalide el Real Decreto-Ley 14/2010. Dentro de estos contactos con formaciones políticas, AEF, APPA y ASIF aspiran a que se rechace la norma o, al menos, a que se tramite como proyecto de ley y puedan enmendarse los artículos referidos a la fotovoltaica. “Con este Real Decreto-Ley a las asociaciones se nos ha dejado desamparadas y no podemos hacer otra cosa que intentar influir en las entidades políticas”, afirmó Javier Anta, presidente de ASIF.

Juan Laso, presidente de AEF, exigió al gobierno “seguridad jurídica” y lamentó que el ejecutivo “concentre más del 60% de los ahorros de costes en el sistema eléctrico en un sector que apenas supone el 10% de su coste”. Para Javier García Breva no hay duda de que “la política energética del Gobierno ha sido irresponsable y ha venido acompañada de críticas e insultos a la fotovoltaica”. El presidente de la sección fotovoltaica de APPA afirmó que “la luz no es cara por la fotovoltaica, sino por el sistema de subastas Cesur, el carbón y la conformación de precio del 'pool'”.

FV e inseguridad jurídica
Durante su comparecencia pública las asociaciones fotovoltaicas distribuyeron un documento titulado “El sector fotovoltaico contra la inseguridad jurídica”, que se reproduce a continuación, en el que de forma esquemática se explica lo ocurrido en los últimos tiempos y las actuaciones previstas:


1.- Sector de la energía solar fotovoltaica ¿Qué somos?
Una industria que invierte e investiga
– Un sector industrial nuevo con pymes y grandes empresas, que abarca toda la cadena de valor.
– Una industria ligada a las nuevas tecnologías y muy vinculada a la inversión propia en I+D+i para su desarrollo (de media mas del 7% de la facturación).
Un sector que genera inversión y empleo
– Un tejido industrial distribuido por todo el territorio con más de 53.000 instalaciones que generan riqueza y empleo local.
– Se han creado hasta 2008 más de 90.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Hoy son menos de 23.000.
– Más de 200.000 personas han invertido sus ahorros respondiendo a la llamada del Gobierno.
– Un sector que, en 2009, contribuyó al PIB con 3.064 M€, representando un 0.3% del total.
Un sector totalmente regulado
– Nada ocurre sin la autorización del Ministerio.
– Sólo la Administración determina las primas y autoriza las instalaciones.
– El sector NO es responsable ni de desajustes ni de abusos. La obligación inspectora y la capacidad sancionadora corresponde a la Administración.

2.- Víctimas de la inestabilidad jurídica
• 4 años = 4 normativas legales diferentes
– 2007 RD 661/2007
– 2008 RD 1578/2008
– 2010 RD 1565/2010 (Retroactiva)
– 2010 RDL 14/2010 (Retroactiva)
Se han quebrantado garantías jurídicas básicas
– El RD 1565/2010 recorta retroactivamente el periodo con derecho a percepción de prima por las plantas e impone al sector medidas abusivas y discriminatorias respecto del resto de tecnologías.
– El RDL 14/2010 recorta retroactivamente el número de horas con derecho a recibir la prima y lo hace linealmente con independencia de las horas de insolación y de eficiencia de las instalaciones.

3.- Cuál es el momento actual
Las empresas y pequeños inversores que constituyen el sector NO pueden:
– Asumir, en las instalaciones puestas en funcionamiento con anterioridad a la aprobación de los últimos desarrollos legislativos, una disminución en las primas y en el periodo de derecho de percepción de las mismas establecidas por ley,
• Los costes e inversión incurridos son fijos (25.000 M€), el Sector ya los ha desembolsado.
• La financiación se calculó teniendo en cuenta las primas establecidas por ley y su periodo de vigencia.
• Actualmente el Sector tiene apalancados más de 20.000 M€.
• La rentabilidad de las plantas se sitúa en un entorno razonable.
• Ante esta situación el sector va a plantear
– Recursos colectivos y particulares ante el Tribunal Supremo contra el RD 1565/10.
– Recursos particulares ante el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional contra el RDL 14/10.
– Acciones colectivas y particulares ante la Comisión Europea y otras instancias internacionales.
…Pero antes de que ningún procedimiento se resuelva muchos productores tendrán que declarar concursos voluntarios de acreedores

4.- ¿Qué exigimos del Gobierno?
• Seguridad jurídica
– El Gobierno atrajo inversión a largo plazo con una ley que establecía condiciones a largo plazo.
– La financiación a largo plazo requiere estabilidad del marco jurídico�� garantías a la inversión.
– Una actuación arbitraria en contra de la ley es fatal para la credibilidad internacional de España y perjudica la calificación del riesgo país.
• Equidad
– En el reparto del esfuerzo de ahorro en el sector eléctrico. Actualmente, el 66% del total de ahorros previstos por el regulador recaen sobre la industria FV.
• Diálogo
– La últimas medidas retroactivas han sido desarrolladas unilateralmente y sin contar con la aprobación del sector.
– El consenso entre todos los actores es crucial para el desarrollo de un marco normativo que permita actuar en la contención de costes del sistema y garantizar una rentabilidad razonable a los inversores.
• Reconocimiento de la industria fotovoltaica
– Que ha invertido 25.000M€ en un sector nuevo con un elevado potencial y margen de desarrollo.
– Que ha apostado a largo plazo para crear una industria puntera internacionalmente.
– Que crea empleo, disminuye la dependencia energética y genera energía limpia.

5.-¿Qué solicitamos al Congreso?
Todos los profesionales y las respectivas asociaciones que los representan están unidos en la defensa de sus reivindicaciones.
• Rechazar el RDL 14/2010 y, que en cualquier caso se tramite como proyecto de Ley.
• Solicitar a los distintos partidos que apoyen enmiendas contra las irregularidades y discriminaciones contenidas en el RDL 14/2010.
• El texto es claramente retroactivo, tanto en la limitación de horas coyunturales como en las estructurales. Al limitarse, la cantidad de energía evacuada con derecho a percepción de prima, se limita la retribución a percibir.
• El RDL es injusto y desproporcionado, porque parcela el mapa territorial en “zonas solares” que no se corresponden con la realidad solar del país, perjudicando instalaciones en iguales condiciones en diferentes CC.AA o municipios.
• Evitar las discriminaciones entre diferentes tecnologías renovables. La asunción del coste de los peajes es discriminatorio para la fotovoltaica, puesto que es una tecnología que no puede repercutir en el precio del pool el coste de estos peajes.
• Poner límite a la inseguridad jurídica. El RDL deja la puerta abierta a futuras revisiones de las horas limitativas de funcionamiento.
• Utilizar la potencia pico de las instalaciones en lugar de la potencia nominal.
• La inclusión en el articulado de un compromiso explicito por parte del regulador en el que se garantice la estabilidad regulatoria.

Más información
www.asif.org
www.appa.es
www.aefotovoltaica.com

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