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Endesa y Gas Natural "parece que quieren seguir siendo parte del problema de la pobreza energética, y no parte de la solución"

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La historia es tal y como sigue: el Ayuntamiento de Barcelona convoca un concurso público para adjudicar el suministro eléctrico de las instalaciones municipales. En el concurso incluye varias cláusulas a favor de la lucha contra la pobreza energética, cláusulas que afectan a los concursantes, que -grosso modo- si quieren ganar el contrato deberán hacerse cargo de ciertos gastos para paliar ese problema. Todas las compañías concursantes aceptan las reglas y se presentan al concurso. Todas, menos dos: Gas Natural Fenosa y Endesa.
Endesa y Gas Natural "parece que quieren seguir siendo parte del problema de la pobreza energética, y no parte de la solución"

Las dos multinacionales acuden al Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público. Este anula el concurso. Y, ayer, el concejal de Presidencia, Agua y Energía de Barcelona, Eloi Badia (lo entrecomillado lo dijo él) anunció que el Ayuntamiento de la capital catalana presentará un recurso contencioso administrativo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra la anulación de la licitación del contrato. Más aún: en tanto en cuanto se clarifica la situación -ha dicho Badia-, el Ayuntamiento va a firmar un contrato negociado "abierto a todas las compañías comprometidas con la defensa de los derechos energéticos" (contrato de tres meses que garantizará la prestación del servicio) y ya ha anunciado que empleará esos tres meses en redactar un nuevo concurso público en el que en todo caso mantendrá sus exigencias.

Medidas contra la pobreza
El concejal  Eloi Badia (foto) defendió ayer en rueda de prensa la legalidad del proceso de contratación iniciado por el Ayuntamiento: "no pedimos nada que no esté previsto en el ley, tenemos el consenso de todas las administraciones. Los ayuntamientos de Sabadell, Badalona y Castelldefels han mostrado su compromiso para que hagamos todo lo que esté en nuestras manos para establecer medidas efectivas contra la pobreza energética". Al margen del recurso al TSJC, el Ayuntamiento ya ha anunciado que impulsará una nueva licitación del contrato sobre el cual Eloi Badia ha dejado claro que mantendrá la obligación de cumplir la Ley 24/2015 de pobreza energética y la aceptación de la firma del convenio previsto por la legislación.

Contrato negociado
Mientras no esté a punto la nueva licitación -informa el Ayuntamiento-, se iniciará el proceso para hacer un contrato negociado de tres meses, prorrogable a tres más, que garantizará la prestación del servicio. Con esta fórmula provisional, el Gobierno municipal asegura dispondrá de tiempo suficiente para redactar los pliegos del nuevo concurso público. Alcaldía ya ha anunciado que "el contrato provisional mantendrá la obligación de cumplir con la ley aprobada por el Parlamento de Cataluña y también la división en tres lotes, que ya se incluía en la licitación anulada y que estimula más concurrencia de empresas a concurso". Durante la rueda de prensa, el concejal Badia ha mostrado su preocupación por la actitud mostrada por las compañías suministradoras, que "parece que quieren seguir siendo parte del problema, y no de la solución".

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