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Sara Pizzinato, responsable de la campaña de Renovables de Greenpeace


“La subasta es inadecuada y no va a servir para impulsar un mix 100% renovable”

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Greenpeace se suma a las muchas organizaciones que critican la subasta de renovables anunciada por Energía. Para la responsable de la campaña de Renovables de la ONG, en ella se mantienen los peores errores de la anterior puja: no forma parte de una planificación ordenada que de impulso a las renovables, no emana de una clara estrategia energética para llegar a un sistema 100% limpio y sigue permitiendo que al final la retribución sea cero. Pero lo peor, según Greenpeace, es que vuelve a premiar la capacidad instalada frente a la producción de electricidad.
“La subasta es inadecuada y no va a servir para impulsar un mix 100% renovable”

Sara Pizzinato considera que lo más novedoso de la nueva subasta de renovables anunciada por el Ministerio de Energía es que es neutra tecnológicamente. Algo que tampoco gusta a la ONG al considerar que esa neutralidad no es adecuada a la necesidad de impulsar un mix eléctrico 100% renovable y diversificado.



“Que todas las tecnologías que no son ni fotovoltaica ni eólica deban medirse sobre la base de un baremo único (una sola instalación tipo de referencia para todas de ellas) y además luego competir con tecnologías de mayor recorrido no da la posibilidad a todas las tecnologías de poder entrar en la subasta en paridad de condiciones. Para obtener la mayor eficiencia energética y económica de un sistema 100% renovable necesitamos un mix cuanto más diversificado mejor y esta subasta no lo garantiza”, ha declarado Pizzinato a Energías Renovables.



Lo peor

La responsable de la campaña de Renovables de Greenpeace cree, además, que la subasta repite cuatro de los principales errores de la anterior. El primero es que no es parte de una planificación de una serie previsible de subastas que pueda dar impulso y confianza a las renovables en España más allá del mero objetivo del cumplimiento urgente de los objetivos europeos de 2020. 



Otra equivocación es que no emana de una clara estrategia energética del Gobierno para llegar a un sistema 100% renovable, con lo que no se hace una estimación de impacto de los 3.000 MW que se van a subastar sobre el cumplimiento de los objetivos europeos. “Es decir,  no se hace una estimación de si serán o no suficientes para cumplir dichos objetivos y en caso de que no lo sean no queda claro qué más va a hacer el Gobierno para ello”, subraya Pizzinato.



La subasta repite, asimismo, el método criticado en la anterior puja de emplear un sistema marginalista de asignación de la retribución,  “por lo que podría volver a suceder que al final la retribución sea cero, para lo cual no es necesario montar una subasta (y siguen las condiciones que podrían hacer que esto sucediera)”. 



Pero lo más grave, de acuerdo con Pizzinato, es que esta nueva puja sigue premiando la capacidad instalada frente a la producción de electricidad. “Esto es algo que nosotros criticamos muy fuertemente ya que es una forma muy ineficiente de asignar retribuciones en un sector, el energético, que para ir hacia el 100% renovable habrá de ser cada ve más flexible y eficiente”, indica Pizzinato. “Lo que necesitamos es electricidad renovable no capacidad disponible y este es un cambio fundamental de mentalidad desde el sistema obsoleto basado en los combustibles fósiles y nuclear al 100% renovable”.



Pedir responsabilidades más allá de al promotor

En esta nueva subasta, Energía impone que los proyectos estén en marcha en 2020 y marca una serie de hitos que si el adjudicatario no cumple perderá la adjudicación. En este sentido, la portavoz de Greenpeace dice “echar de menos que, a la vista de las dificultades que a menudo enfrentan los proyectos, se establezcan responsabilidades no solo para los promotores en caso de retrasos. Extraña que no aparezca ninguna atenuante para el promotor o multa para la contraparte que pueda causar ese retraso más allá de la posible ´mala gestión´ del promotor”.



Pizzinato recuerda que hay países en los que se establecen multas para el TSO, DSO o administración que provoquen retrasos en un proyecto subastado y liberan, en tal caso, al promotor de la responsabilidad en esos casos de retrasos causados por externos. Nos parece que si hace falta pedir responsabilidades, tiene que ser a todas las partes”.



También le soprende que el Gobierno se reserve el derecho a organizar varias subastas “parciales” hasta llegar a un máximo total de 3.000 MW sin asegurar que se alcance ese cupo. “Lo que va a hacer es ir viendo según (el resultado de) las subastas ´parciales´si seguirá o no convocando más. Lo cual no deja de resultar sorprendente ya que si el mismo Gobierno estima que se necesitan al menos 3.000MW para alcanzar los objetivos de 2020, y además los necesita con urgencia, no es razonable que tenga que ocurrir en varias subastas que retrasarían el proceso”, concluye.

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