En una comunicación oficial, a la que ha tenido acceso Energías Renovables, la presidenta de la Comisión de Peticiones, Erminia Mazzoni, anuncia a ANPER que se “ha examinado su petición y que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento del Parlamento Europeo, ha decidido admitirla a trámite, debido a que las cuestiones que se plantean en ella inciden en el ámbito de actividad de la Unión Europea”.
Así mismo, anuncia que ha decidido “solicitar a la Comisión Europea que inicie una investigación preliminar sobre los diferentes aspectos del problema. La Comisión de Peticiones proseguirá el examen de su petición tan pronto como disponga de la información necesaria”.
ANPER solicitó el pasado mes de enero la intervención del parlamento Europeo al entender que el gobierno español vulnera el Tratado de la Unión Europea de 1992 y la Carta de los Derechos Fundamentales del Ciudadano de la Unión Europea, “los cuales se ven atacados por la futura entrada en vigor del Real Decreto-Ley 14/2010”, según consta en el escrito enviado por la asociación española a la presidencia del Parlamento Europeo.
El RD-Ley 14/2010 fue aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de diciembre pasado y “contiene una serie de medidas destinadas a reducir los costes regulados del sistema eléctrico cuyo principal objetivo es garantizar su sostenibilidad económica y contribuir a eliminar el denominado déficit de tarifa”, según argumentó en aquel momento el ejecutivo.
El elemento más polémico de la norma es la limitación durante tres años de las horas de funcionamiento con derecho a cobrar la prima fotovoltaica por producción de electricidad. Así el gobierno anunciaba su intención de ahorrar 740 millones de euros. Las plantas afectadas disfrutarán de tres años más de periodo con derecho a prima, que de esta forma pasa de 25 a 28 años. A partir de 2014 existirá también un límite de horas equivalente al funcionamiento actual.
Las asociaciones fotovoltaicas mostraron desde el primer momento su rechazo a estas medidas al considerarlas retroactivas, generadoras de inseguridad jurídica, así como un freno a cualquier futura inversión. Los afectados calculan que la limitación de las horas de funcionamiento supondría una reducción de un 30% de los ingresos, dependiendo de la zona climática en la que se ubique la instalación.
El Real Decreto Ley 14/2010 está denunciado ante el Tribunal Constitucional por las comunidades autónomas de Valencia y Murcia, tiene pendiente una denuncia realizada por un grupo de inversores extranjeros que podría acabar en arbitraje internacional, y ya provocó el tirón de orejas de dos comisarios europeos al Ministro de Industria. Miguel Sebastián recibió el pasado mes de febrero una carta en la que Günter Oettinger, Comisario de Energía; y Connie Hedegaard, Comisario de Acción el Clima, ponían el acento en la “retroactividad” del Real Decreto-Ley 14/2010 y expresaban “sus reservas” sobre la medida, así como su “grave preocupación” por los cambios normativos aprobados por el gobierno español que afectan a la energía solar fotovoltaica.
