La sección de Biocarburantes de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) urge al Gobierno de Mariano Rajoy a aprobar una serie de medidas legislativas que saquen de la crisis al sector de los biocarburantes, en especial al del biodiésel, con la casi totalidad de las plantas paradas o funcionando a menos del 20% de su capacidad. Son diez medidas en total, y la primera es una herencia del ejecutivo de José Luís Rodríguez Zapatero: la publicación en el BOE de la orden de asignación de cantidades de producción de biodiésel a plantas españolas, una medida que paliaría el efecto de las importaciones de Argentina e Indonesia. “Su publicación es urgente e imprescindible para la supervivencia de un sector agonizante”, afirma Alfonso Ausín, presidente de APPA Biocarburantes,
Otra medida legislativa que consideran de urgente tramitación es la “extensión del actual incentivo fiscal en favor de los biocarburantes en el impuesto sobre hidrocarburos más allá del 31 de diciembre de 2012 (fecha en la que expira), al menos para los biocarburantes comercializados en presentaciones etiquetadas y los de segunda generación, con el fin de fomentar económicamente su venta en España”. El resto de las medidas atañen a la incorporación de mayores proporciones de mezcla y objetivos de introducción en el transporte de los biocarburantes. En cuanto a esto último, piden establecer objetivos obligatorios crecientes hasta 2020 que permitan alcanzar los potenciales contemplados en el Plan de Energías Renovables 2011-2020 para dicha fecha y elevar hasta el 16,5% el objetivo de energías renovables en el transporte. El PER recoge un 11,3% y reconoce, además, que existe una sobrecapacidad de producción en el caso del biodiésel.
E10, E85, B10 y B30 ya en las gasolineras y en los coches
Dicha sobrecapacidad solo se puede corregir aumentando las mezclas. APPA Biocarburantes pide la introducción de la gasolina E10 “mediante la modificación de la actual regulación de la gasolina de protección, eliminando la obligación de que ésta deba ser la de 95 octanos y/o deba estar presente en todas las gasolineras del país”. También consideran indispensable que se obligue a que las estaciones de servicio dispongan de “presentaciones etiquetadas (B30 / E85), así como la creación de especificaciones técnicas nacionales de B10, B30 y E85, según lo previsto en el PER 2011-2020”. Ante la previsible respuesta de las petroleras y los fabricantes de automóviles, en APPA Biocarburantes proponen obligar a los últimos a ofrecer comercialmente en España versiones garantizadas para el uso de E10, E85, B10 y B30. “La compra y utilización de estos vehículos debería gozar de los mismos incentivos fiscales aplicados a los menos contaminantes”, añaden en la asociación.
Una última medida que atañe al biodiésel es la propuesta de desarrollo de un plan nacional de recogida de aceites usados que permita el máximo aprovechamiento de este recurso autóctono. Las restantes tres medidas son de índole más general. Una de ellas aboga por el mantenimiento del actual mecanismo de fomento del uso de biocarburantes, “sin introducir excepciones territoriales para Canarias ni eliminar las sanciones administrativas ya previstas en caso de incumplimiento de las obligaciones”. Otra está encaminada a obligar a los operadores logísticos de hidrocarburos a “adaptar todas sus instalaciones para permitir el adecuado almacenamiento de biodiésel y bioetanol, y su mezcla con gasóleo y gasolina, respectivamente”. Por último, se pide una implementación de incentivos para la producción nacional de materias primas agrícolas.
Todas las medidas propuestas por APPA Biocarburantes parten de las barreras al sector identificadas en el PER y se sitúan en el marco de una consulta pública abierta por la Comisión Nacional de Energía (CNE). Mientras, el declive del biodiésel continúa. La constructora VIcsan ha confirmado a Energías Renovables que cierra la planta de biodiésel que explotaba Bionet en Reus (Tarragona) y hace escasamente un mes, la prensa gallega recogía la controvertida situación de Biocarburantes Peninsulares, cuya planta de biodiésel de Narón (A Coruña) llevaba tres años construida, pero sin funcionar, y con catorce trabajadores con hasta cuatro nóminas consecutivas impagadas”.
