“Lo esperable es que todas las empresas que pujen ofrezcan tecnologías más baratas que la biomasa, como la eólica o la fotovoltaica”. Es el sentir común entre los promotores de centrales eléctricas de biomasa y la manera de expresar su rechazo a la propuesta de real decreto sobre la nueva subasta de potencia eléctrica renovable que el Gobierno ha mandado a consulta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Al contrario que la primera subasta, esta es neutra, sin diferenciar tecnologías.
Desde el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital argumentan que este “mecanismo de subastas competitivas y tecnológicamente neutrales” permite a “las distintas tecnologías competir en igualdad” y “garantiza que se incorporan los proyectos más eficientes y que supongan un menor coste para el consumidor, en línea con las directrices de la Comisión Europea”.
Una subasta excluyente para la biomasa
La sección de Biomasa de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), que ya fue crítica con la anterior subasta, rechaza esa competencia en términos de igualdad y califica la subasta de “excluyente para tecnologías renovables como la biomasa” e “imposibilita” la promoción de las mismas. Por ello, solicitan un cambio a otras que "diferencien tecnologías renovables entre sí, bien de manera independiente, como la primera subasta dirigida a biomasa y eólica, o bien en conjunto: por un lado, tecnologías gestionables, y por otro, no gestionables.
Margarita de Gregorio, directora de las sección de Biomasa y Geotermia de APPA, recuerda que “la celebración de subastas separadas por diferentes tecnologías está permitida por la propia Comisión Europea cuando está debidamente justificado hacerlo”, y expone el caso de Alemania. Considera que “de esta forma se garantizaría un desarrollo ordenado de potencia renovable en España, de acuerdo con una planificación energética coherente con los recursos renovables existentes y con los objetivos de cambio climático y energía con cuyo cumplimiento se ha comprometido el Gobierno”.
Competencia en desigualdad de condiciones
Hay tres aspectos en los que la subasta, de llevarse a cabo en los términos planteados por el ministerio, conllevará peores consecuencias, según APPA Biomasa. Uno de ellos es “la discriminación sobre las fuentes de biomasa que forman parte de los combustibles comprendidos dentro de la categoría C del Real Decreto 413/2014, como son los residuos municipales renovables (un 50% de lo valorizado energéticamente) y los licores negros procedentes de la industria de fabricación de papel”.
Otro efecto negativo sobre la biomasa que se destaca es que supone “una exclusión de pleno a las instalaciones que tienen asignada retribución a la operación, como las de biomasa, que comprende los costes de combustible además de los de operación y mantenimiento. “Al no considerarse en la subasta, las instalaciones no pueden competir en igualdad de condiciones respecto al resto de tecnologías renovables”, apostillan en APPA Biomasa.
Por último, otra incidencia negativa de la subasta será “la imposibilidad de contar con instalaciones eficientes y bien gestionadas de biomasa, tal y como exige la Ley del Sector Eléctrico, pues los parámetros retributivos establecidos para la instalación tipo de referencia (compartida por biomasa, hidroeléctrica, geotermia, olas y mareas) no se aproximan, ni de lejos, a los reales y necesarios”.
El yugo de la limitación horaria
El sector no excluye que este mecanismo de subasta sea un nuevo intento de apartar de la senda de crecimiento a la biomasa eléctrica. Recuerdan que tras limitar el número de horas (6.500 anuales) equivalentes de producción de las plantas de biomasa y biogás con derecho a la percepción de retribución a la operación, la subasta ahora “reduce el valor máximo de horas equivalentes de funcionamiento de las plantas biomasas con derecho a retribución a la operación a 5.000”.
APPA Biomasa pide al Gobierno que “si realmente, con el establecimiento de esta subasta, pretende cumplir los objetivos energéticos derivados de la directiva de energías renovables o reducir el coste energético y la dependencia energética exterior, la forma más inmediata y eficiente es permitir que instalaciones de biomasa que ya están en funcionamiento (inversiones ya acometidas) produzcan el número de horas máximo para el que fueron dimensionadas: 7.500”.
Este tipo de demandas también las suscriben desde la Asociación Española de Biogás (Aebig), una tecnología aún más afectada por estas políticas, que pide que se elimine esa limitación horaria que afecta a las plantas que tenían la tarifa antigua. Francisco Repullo, presidente de Aebig, recordaba en nuestro último especial de Bioenergía que “la orden que establece las retribuciones solo reconoce como kilovatios hora merecedores de la rentabilidad razonable los generados en las primeras 4.235 horas”.
Discriminación geográfica contra la generación distribuida
Pero hay algo más según APPA Biomasa: “tal y como está planteada la subasta, existe un riesgo muy importante de que las instalaciones fruto de las posibles adjudicaciones se promuevan únicamente en determinadas áreas del territorio con un potencial extraordinario del recurso renovable (solar/eólico) que se vaya a aprovechar para generar electricidad”.
Ante el riesgo de que se queden fuera regiones en España con enorme potencial de recursos biomásicos (agrícolas, forestales, ganaderos, industriales, etc.), Margarita de Gregorio afirma que “el mecanismo planteado va en contra de una distribución territorial de las instalaciones de renovables y en absoluto promueve la generación distribuida, que es una de las grandes ventajas de aprovechar recursos renovables locales como las biomasas”.
Voluntad política real para poner en marcha al sector
Con todo, se considera que, una vez más, el Gobierno no tiene en cuenta los beneficios socioeconómicos (creación de empleo, desarrollo rural…) y ambientales (reducción de emisiones, gestión de residuos…) asociados a la biomasa. Esto ha sido motivo de queja y demanda continua tanto por parte de Unión por la Biomasa como de Avebiom.
“Su puesta en valor pasa fundamentalmente porque exista voluntad política real para poner en marcha un sector cuya viabilidad es incuestionable, dado que ya existen tanto los recursos biomásicos como los agentes con la suficiente solvencia para que pueda ser desarrollado”, concluye de Gregorio.
