"El documento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia -dice UNEF en su comunicado- pretende justificar el recorte de 1.700 millones de euros al régimen especial que busca el Ministerio pese a reconocer que no dispone de suficientes datos que certifiquen las conclusiones del Gobierno". Pero vayamos al principio; la historia es tal y como sigue: el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Minetur) presenta un "oficio" en el registro general de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el pasado 31 de enero. En ese "oficio", el ministerio le pide a la CNMC que elabore un "informe sobre la Propuesta de Orden por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos" (esa propuesta también establece la "metodología de actualización de la retribución a la operación"). El "oficio" en cuestión solicita asimismo "dar trámite de audiencia a los interesados".
Pues bien, la CNMC recibe el "oficio" el 31 de enero y recibe la susodicha propuesta el 3 de febrero. A partir de entonces, abre un plazo de veinte días hábiles para recibir alegaciones y efectivamente recibe... más de 600 alegaciones "procedentes de distintas administraciones y entes públicos locales y autonómicos, asociaciones sectoriales, un elevado número de muy diversas empresas de los sectores energético, industrial y agroganadero, así como centenares de particulares". A partir del 23 de febrero, pues, la CNMC estudia las alegaciones a la Propuesta de Orden (propuesta por la que se sustituye la prima por la denominada "rentabilidad razonable") y, una vez estudiado el paquete todo, publica, 43 días después, concretamente el 7 de abril, su informe. Ese informe vendría a concluir grosso modo que las primas de las instalaciones fotovoltaicas son demasiado elevadas y que la nueva retribución que propone el Ejecutivo -la "rentabilidad razonable" del 7,5%- es una retribución más adecuada (la nueva retribución supone para la solar fotovoltaica, siempre según la CNMC, un recorte de 373 millones de euros, M€).
Pues bien, ese es el informe que tan duramente critica UNEF, un informe que la Comisión ha tardado 63 días en elaborar (los 43 susodichos más los 20 de recepción de alegaciones); un informe que presuntamente habría analizado -durante esos dos meses-, por una parte, las 1.300 "instalaciones tipo" que el Gobierno ha incluido en su Propuesta de Orden (instalaciones para cada una de las cuales el Ejecutivo establece un parámetro retributivo), y, por otra, las más de 600 alegaciones recibidas. El caso es que la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) afirma en su comunicado que la CNMC, para justificar su visto bueno a la Propuesta de Orden del Gobierno, por una parte "utiliza de forma sesgada e interesada" datos de informes de su antecesora, la Comisión Nacional de Energía (la patronal fotovoltaica alude específicamente al informe CNE 38/2008), mientras por otra oculta que ese informe habla "de rentabilidades de en torno al 4% para algunas instalaciones fotovoltaicas, tres puntos porcentuales por debajo del cálculo del Ministerio".
Así las cosas, UNEF considera que “la falta de rigor técnico y las vaguedades son una constante en el informe” y añade que "sólo la diferencia entre lo que se preveía cobrar en 2014 y lo que establece la nueva normativa, implica una pérdida de ingresos de 550 millones para el sector". La patronal del sector solar fotovoltaico hace especial hincapié en cinco inconsistencias de ese informe. Son estas:
1.- No justifica el cálculo por el que se llega a la conclusión de los 373 millones que se atribuye de recorte a la fotovoltaica.
2.- No toma en consideración variables críticas a la hora de estimar los ingresos de las plantas puestas en marcha bajo el RD 661/2007 como son las diferentes producciones en función de la ubicación geográfica de las instalaciones.
3.- Circunscribe toda su argumentación analizando proyectos que no se ven especialmente agraviados, aún cuando esta tipología de proyectos es minoritaria.
4.- Propone una metodología claramente inflacionista de cálculo del precio de mercado de la energía, al tomar como referencia contratos anuales de compraventa de electricidad que llevan implícita una prima de riesgo (50,49€/MWh para el periodo 2014-16), en lugar de las cotizaciones históricas intradiarias del precio del mercado eléctrico (25,99€/MWh). La asunción de un precio elevado minora la retribución que han de percibir las plantas.
5.- Ni siquiera subsana el error incluido en la OM por el que se establece el mismo mínimo anual de producción en 2013, a cumplir en tan solo los siete meses que distan desde la aprobación de la ley en julio hasta diciembre, que para cualquier otro año, en el que se cuenta con 12 meses para llegar a dicho mínimo.
El Gobierno y los Conjuntos de Instalaciones
Según UNEF, "especialmente grave es el caso de aquellas grandes plantas que cuentan con cientos de pequeños inversores diferentes a los que se les aplican los estándares más duros, que prevén recortes de hasta el 52%". En la misma situación -continúa la asociación- están aquellas pequeñas plantas "que se encuentren cerca de una planta grande: en esos casos, la Orden Ministerial considera que pertenecen a un Conjunto de Instalaciones, sumando sus potencias y aplicándole a ambas el estándar que corresponde a la suma". En lo que a este extremo se refiere, UNEF reconoce que "la CNMC reconoce la distorsión que este concepto supone, pero obvia su solución; aunque asume que podría afectar a un número considerable de inversiones, únicamente analiza un par de casos concretos y no valora el impacto de este concepto en el total del parque instalado".
Ni una sola inversión está amortizada a día de hoy, según UNEF
Los recortes sufridos a lo largo de los años por la industria fotovoltaica situaban, ya antes de la Ley 24/2013, a los proyectos al borde de la rentabilidad mínima, con un TIR medio del 6% y un periodo medio de retorno de la inversión de 15 años. Estos nuevos recortes llevarán al grueso de los proyectos a rentabilidades negativas. UNEF calcula que entre un 30 y un 50% de los proyectos no serán refinanciables, a menos que se produzcan quitas muy importantes por parte de las entidades financieras. Según la asociación nacional del sector solar fotovoltaico, "ninguna de las inversiones en energía fotovoltaica en España está aún amortizada según la normativa bajo la que se hicieron, con una deuda a la banca que se calcula en torno a los 22.000 millones de euros".
