Si me sigues, sabrás que mis denuncias sobre cómo la gestión del agua embalsada se utiliza para determinar el precio de la electricidad en España son tan numerosas que hay quien no duda en calificar mi actitud de obsesiva. Estoy convencido de que el tiempo me dará la razón. Está empezando a hacerlo.
Vayamos a la sanción. La sala de supervisión regulatoria de la CNMC, esto es, su brazo especialista en el mercado eléctrico, no el de defensa de la competencia, ha publicado una resolución de 81 páginas en la que acredita que, desde 30 de noviembre de 2013 hasta el 23 de diciembre de 2013, Iberdrola, la empresa con mayor potencia hidroeléctrica instalada en el país, subió artificialmente el precio al que ofertaba la energía de sus embalses hasta conseguir que ésta quedara fuera del mercado y, por tanto, fueran sustituidos por otras fuentes (principalmente, el carísimo gas natural).
Las fechas no son casuales. Como denuncié en su día, el 29 de noviembre de 2013 el Gobierno decidió por sorpresa retirar más de 3.000 millones de EUR que en principio tenía consignados en sus Presupuestos para “aliviar” la tarifa eléctrica y destinarlos en su lugar a paliar el maltrecho déficit público. El 19 de diciembre, por su parte, se celebró la subasta eléctrica que debía haber servido para fijar el precio de la luz de más de 10 millones de consumidores domésticos y que finalmente fue anulada tras detectar el supervisor —el mismo que ahora sanciona— comportamientos anómalos en la misma. Entre ambas fechas se produjo la que es, hasta la fecha, la mayor subida sostenida de precios del mercado mayorista de electricidad en sus más de 15 años de historia.
Pues bien, tras constatar en informes previos que el súbito incremento de precios se había debido a un cúmulo de circunstancias, tales como una inusual indisponibilidad de centrales nucleares y de carbón unida a una situación anticiclónica en invierno que provocó simultáneamente un incremento de la demanda y una caída de la producción eólica, la CNMC acredita ahora que lo que no puede considerarse casual es que, a la vez que ocurría todo esto, Iberdrola decidiera aprovechar para sacar también las centrales hidroeléctricas del mercado y agravar así la subida de precios.
El informe muestra que, a pesar de que los embalses se encontraban muy por encima de su cota media histórica para la época del año y de que los mercados de futuros no preveían ningún momento posterior en el que pudiera venderse la electricidad generada por turbinación del agua embalsada a precios superiores a los que se estaban produciendo en aquellas fechas, Iberdrola decidió ofertar el agua a precios muy superiores a los que lo había hecho tan solo unos días antes. Es más, según fue subiendo el precio mercado, Iberdrola fue desplazando sus ofertas a precios cada día mayores. Curioso comportamiento el de un gestor que prefiere no vender “su” producto al precio más alto posible. Concluye el supervisor que el comportamiento solo puede tener una explicación racional: trataba de subir —aún más— artificialmente el precio del mercado.
Es más, el informe calcula el beneficio extraordinario que obtuvo la generación eléctrica de Iberdrola con este comportamiento y lo cifra en algo más de 20 millones de euros, ascendiendo a más de 100 millones el beneficio acumulado del total de productores eléctricos durante los 24 días de análisis. El cálculo es, en mi opinión, muy favorable a los intereses de Iberdrola dado que considera que el coste de oportunidad (el precio al que el supervisor considera razonable que se hubiera ofertado la producción hidroeléctrica) era el máximo que el mercado de futuros fijó durante el periodo. Mi argumento es sencillo: no cabe desconocer que el mercado de futuros está fuertemente influenciado por el de contado. Esto es, la propia subida de precios del mercado eléctrico de la que ahora se responsabiliza parcialmente a Iberdrola es determinante para que el precio del mercado de futuros correspondiente a la energía entregada en enero pasara de 52 €/MWh, el día previo a los hechos, a nada menos que los 64 €/MWh alcanzados el fatídico día de la subasta, que son los que utiliza la CNMC para estimar el beneficio de Iberdrola.
En otras palabras: el beneficio extraordinario obtenido por el parque generador de Iberdrola tomando como referencia los precios anteriores al periodo manipulado sería, en mi opinión, superior a 60 millones de EUR.
Una sanción minúscula
En todo caso, sean 20 o 60 millones de EUR los que Iberdrola se hubiera embolsado de más con el “juego del agüita”, lo cierto es que la sanción de 25 millones de EUR impuesta resulta irrisoria. Sin duda es un incentivo a manipular nuevamente el mercado. Al fin y al cabo, va a ser muy difícil encontrar un caso tan claro y, de hacerlo, se necesitarían dos años de instrucción para imponer una sanción que, en el mejor de los casos, supera solo levemente el beneficio directo obtenido.
Ya no irrisorio, sino encolerizante, resulta que la actual ley del Sector Eléctrico prevea multas de entre 6 y 60 millones de EUR por tener un panel solar en casa y no declararlo, mientras que la manipulación del precio de la electricidad de todo el país se sancione con unos pírricos 25 M€. ¿Es esta la proporcionalidad que exigen los juristas a las leyes?
Ciertamente la sanción abre la puerta a otro tipo de reclamaciones. A parte de que creo que deberíamos exigir a la CNMC que investigue otros episodios en los que pudiera haberse reproducido el comportamiento —en el fondo, ¿cómo sabemos si esta manipulación ha sido puntual?— preveo una lluvia de demandas de los numerosos consumidores que firmaron contratos durante el periodo manipulado vinculados a los precios del mercado y que ahora podrán reclamar las pérdidas patrimoniales acreditadas. También se abre la vía de la posible responsabilidad penal por la manipulación y otras menos directas como, por ejemplo, la reclamación de los daños causados por las crecidas de los ríos que se produjeron solo un mes después.
No obstante, creo que la lección aprendida es que las sanciones son inútiles en estos casos. Debemos exigir a nuestros políticos una profunda reforma del mercado eléctrico, esa que llevan posponiendo legislatura tras legislatura, que impida que las eléctricas puedan manipular el mercado. Sobre todo con las centrales hidroeléctricas, que, además de ser irreplicables, al ser las únicas que permiten almacenar grandes cantidades de energía a largo plazo resultan claves para la gestión del sistema.
Ojalá y este escándalo sirva para que se imponga la elemental transparencia en el sector que nos permita a todos conocer el estado actual por el que estas centrales gozan de concesiones administrativas para utilizar NUESTRA agua. Creo que tenemos derecho a saber cómo se financió su construcción (incluida, en su caso, la utilización de presos de guerra para ello) y, sobre todo, durante cuánto tiempo y en qué condiciones se les otorgó un derecho que es, aún hoy en día, uno de los secretos mejor guardados del sector eléctrico en España.
