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¿Protegen los tribunales a los débiles?

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Siempre habíamos tenido la convicción de que los jueces eran la defensa última de los más débiles y desprotegidos, por lo que la confianza en ellos era total, con independencia de que, humanos como son, pudieran equivocarse. Alberto Cuartas, miembro de la Junta Directiva de Anpier, apunta en este artículo que el llamado “bien común” solo se protege cuando coincide con los intereses de los grandes, no de los ciudadanos de a pie.
¿Protegen los tribunales a los débiles?
Alberto Cuartas, miembro de la Junta Directiva de Anpier

Lo anterior adquiere relevancia porque últimamente estamos conociendo una serie de sentencias de algunos tribunales españoles y europeos que ante las reclamaciones presentadas por ciudadanos de a pie contra grandes empresas e instituciones que han abusado de su confianza –o que simplemente les han engañado– se inclinan a favor de éstos bajo el argumento de proteger el bien común, lo que parece indicar que valoran más la seguridad y estabilidad de tales corporaciones que la afección que hayan podido sufrir los ciudadanos corrientes por las actuaciones de las mismas.

Así lo vemos con la posición mantenida por el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que con toda seguridad asumirán los jueces del citado tribunal, (lo contrario sería una verdadera sorpresa), ante la reclamación presentada por los afectados por las cláusulas suelo de las hipotecas firmadas por los mismos cuando los intereses eran muy superiores a los actualmente vigentes. Aunque el citado funcionario reconoce, al igual que anteriormente había hecho el Tribunal Supremo de nuestro país, que tales cláusulas no son admisibles, ambos consideran que las entidades bancarias no estarán obligadas a devolver los, por ellos mismos denominados, "abusivos intereses" cobrados con anterioridad al 9 de mayo del 2013, fecha de la sentencia sobre este tema del alto tribunal español, y todo ello al objeto de salvaguardar la adecuada estabilidad macroeconómica del país.

Dado que la sentencia de referencia, de ser favorable para los consumidores, supondría para el conjunto de la banca española varios miles de millones de euros –los analistas los evalúan entre cinco mil y ocho mil– el propio Abogado General dice en su informe que el Tribunal Supremo de cada país tiene libertad para, de forma excepcional, limitar la protección de los consumidores en aras de la citada estabilidad, lo que podría interpretarse como que antes de que el conjunto de la banca se vea gravemente afectada, (no olvidemos que tal afección derivaría de haber cobrado previamente unos intereses abusivos a sus clientes), es preferible que la misma se reparta entre muchos miles de consumidores, aunque ello genere graves perjuicios económicos para los mismos. Ante tal planteamiento cabe preguntarse: ¿por qué a los jueces de tales tribunales no les preocupará, de igual forma, la estabilidad económica de las múltiples familias afectadas?

Es claro que la estabilidad macroeconómica de España debe ser protegida, pues de ello depende el bienestar de todos los ciudadanos, pero es también fundamental que cada uno de sus miembros tenga la seguridad y garantía de que, si sus derechos fuesen vulnerados, la justicia actuará, con diligencia y efectividad, para restituirle lo que le corresponde. Por ello, cuando a un ciudadano se le reconoce que ha sido objeto de una práctica bancaria que le ha obligado a pagar unos intereses abusivos, sería lógico pensar que los mismos le debieran ser restituidos en su totalidad y no parcialmente desde una determinada fecha. Otra cuestión bien distinta es que, en aras de la invocada estabilidad macroeconómica, los citados tribunales hubieran establecido que para no producir un desequilibrio grave a las cuentas de las entidades bancarias afectadas, y dada la importancia que las mismas representan para el país, los intereses cobrados en demasía fuesen devueltos en varios ejercicios, (con los interese correspondientes, claro es), evitando con ello el quebranto económico que para el sistema financiero podría suponer hacerlo de una sola vez.

Es de resaltar que los afectados por esta práctica abusiva, al menos, no han tenido que soportar que les digan que tenían que haber previsto, al firmar el correspondiente crédito hipotecario, que los intereses podían bajar, y hasta ser negativos, por lo que no deberían haber admitido una cláusula que les impidiese beneficiarse de tales bajadas. Naturalmente que cualquiera que haya solicitado un crédito bancario, ¿quien en su vida no ha firmado alguno?, pensará que quien así se manifestase o no sabía de qué hablaba o simplemente estaba tomándoles el pelo.

Lo anterior no es una especulación más, y si no que se lo pregunten a los productores fotovoltaicos, (pequeños ahorradores y agricultores en su gran mayoría), los cuales, después de tomar sus decisiones confiando en el Gobierno de España –que les animó a invertir en tal tecnología a través del Boletín Oficial del Estado– vieron como, una vez obtenidos los objetivos exigidos por la Unión Europea, aquel les cambiaba las condiciones ofertadas y les reducía  las retribuciones iniciales hasta en más del cincuenta por ciento, siendo tal barbaridad bendecida por nuestros tribunales con el argumento del bien común y de que los citados productores –a los que, a tal fin, debió considerar grandes expertos del sistema eléctrico– tenían que haber previsto que el Gobierno, por intereses económicos generales, podía modificarles las condiciones iniciales. A la vista de lo ocurrido con las cláusulas suelo es probable que si tal situación hubiese afectado a las grandes empresas eléctricas de nuestro país, en vez de a 62.000 familias normales, los argumentos que se hubiesen manejado, por aquello de la estabilidad económica de las mismas, hubiesen sido bien distintos.

Al final de estas historias, reales como la vida misma, queda una última reflexión: Si llega un día en el que los tribunales solo protejan, para salvaguardar la estabilidad macroeconómica del país, a los poderosos y grandes corporaciones, ¿quién protegerá a los débiles y pequeños consumidores?

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internete
Es que lo mas flipante e indignante de lo que dice el tribunal es que "robar sale gratis", con lo cual sienta un precedente COJONUDO: Ahora ya podemos atracar bancos que no pasa nada... Eso si: Hay que hacerlo con traje a medida, corbata de diseño y un ferrari en la puerta, para que se vea que no somos unos "don nadie"... Yo ya tengo un plan para robar todos los bancos a la vez y repartirlo entre la gente en plan robin hood... Y estoy convencido de que el plan funcionaria, no tendría consecuencias legales de ningun tipo y resolvería un monton de problemas, pero a todos los que se lo cuento o no lo entienden o no me creen o no me explico bien...
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