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Probiomasa exige que el nuevo RITE dé prioridad a las renovables

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El Consejo de Ministros del 20 de julio de 2007 aprobó un nuevo texto revisado del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) que impone la obligación de revisar y actualizar periódicamente, al menos cada cinco años, las exigencias de eficiencia energética. Dicha revisión toca ahora y el Gobierno ya ha elaborado un nuevo real decreto que Probiomasa considera incompleto, al no contemplar la trasposición de la directiva europea de eficiencia energética en edificios “en la que se priorizan contundentemente las energías renovables en la edificación, para no incurrir en incumplimiento de los compromisos con la UE”.
Probiomasa exige que el nuevo RITE dé prioridad a las renovables

El RITE, el Código Técnico de la Edificación (CTE) y la certificación energética de edificios nuevos y ya construidos son tres herramientas básicas para lograr una mayor eficiencia energética en el sector y cumplir con la directiva europea que le concierne. Por este motivo, desde Probiomasa, que agrupa ya a 35 asociaciones y organismos vinculados a la bioenergía, consideran que el proyecto de real decreto por el que se modifican algunos artículos del RITE, publicado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y cuyo plazo de alegaciones terminó el 22 de junio, además de obedecer a la revisión periódica tras cinco años, debe adapatarse a la obligación de trasponer la directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios.

Probiomasa denuncia que “este segundo motivo, siendo esencial, no es incluido en este proyecto de real decreto, y significa –caso de que prospere la actual redacción– el incumplimiento de hecho de los plazos de trasposición de esta directiva”. Añade que el Gobierno debe contemplar dicha trasposición, “en la que se priorizan contundentemente las energías renovables en la edificación”, para no incurrir en incumplimiento de sus compromisos con la UE. Insiste además en que el nuevo RITE “debe establecer explícitamente que su uso (energías renovables) sea prioritario frente a la utilización de tecnologías basadas en el consumo de combustibles fósiles, como se establece en la directiva mencionada, que persigue que los distintos Estados miembros fomenten en sus ámbitos territoriales la utilización de energía procedente de fuentes renovables al planificar, diseñar, construir y reformar las áreas residenciales e incluso las industriales.”

España está preparada y debe implantar ya las renovables en edificios
Para esta agrupación de diversos colectivos (agrupaciones agrarias, centros tecnológicos, asociaciones empresariales, organizaciones de desarrollo rural, etcétera), las tecnologías energéticas renovables disponibles en el mercado actualmente tienen sobrada capacidad para atender las necesidades energéticas de cualquier edificio, por lo que “debería eliminarse la actual limitación del RITE por la que únicamente se pueden utilizar para cubrir una parte de las necesidades energéticas totales de un edificio”. “El nuevo RITE”, prosiguen, “debe vincular la selección y el diseño de la solución a adoptar en cada caso exclusivamente a criterios de balance de energía y rentabilidad económica, no solo por su evidente conveniencia, sino porque sería la única forma de que el espíritu y contenido de la Directiva 2010/31/UE sea efectivamente traspuesto a nuestro ordenamiento jurídico”.

Se recuerda igualmente que el Plan de Energías Renovables 2011-2020 establece como una de sus medidas impulsar el desarrollo normativo y regulatorio acorde con el fomento de la introducción de instalaciones de biomasa en los edificios por medio de la realización de las correspondientes modificaciones y ampliaciones del CTE, la certificación energética y el propio RITE. Así, Probiomasa insiste en que “no parece que tenga mucho sentido tener que esperar cinco años más, en la próxima revisión del RITE, para hacerlo. El momento es ahora”. Recuerdan, por último, que la incorporación de la prioridad a las renovables está plenamente justificada por la singular dependencia energética española de combustibles fósiles no autóctonos ni renovables, que implica una factura elevadísima, tanto económica como medioambiental, que “no puede permitirse España en estos momentos”.

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