Hay un creciente convencimiento acerca de la necesidad de superar el obsoleto modelo energético actual, asentado fundamentalmente en el consumo de energías sucias y peligrosas, y avanzar hacia otro basado en la utilización inteligente de las energías renovables y en el ahorro y la eficiencia energética, ya que éstos son los recursos más limpios, seguros y cercanos a los ciudadanos.
Además, el problema del cambio climático, cuya causa principal es precisamente el consumo de combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón), añade un especial sentido de urgencia a la necesidad de ese cambio de modelo energético.
Los impactos del cambio climático son, también, motivo de preocupación para las Baleares. Se ha calculado que el aumento del nivel del mar que se produciría en España como consecuencia de este fenómeno conllevará la pérdida irreversible de muchos metros de nuestras playas antes de 2050. Para el Mediterráneo, entre Cádiz y Alicante se calcula un retroceso de la playa de 10 metros, y para el norte del Mediterráneo de 8 metros. Resulta evidente que en las islas Baleares, especialmente en zonas costeras con baja elevación, este hecho tendría graves repercusiones. Las consecuencias económicas de la pérdida de estos espacios son de magnitudes incalculables en un país cuya principal industria, con 6.000 kilómetros de costa, es el turismo de sol y playa.
Este año 2015 debería resultar crucial en las negociaciones internacionales para conseguir acuerdos vinculantes y efectivos para luchar contra el cambio climático. El próximo mes de diciembre, en París, se intentará arrancar el compromiso firme y decidido de todos los países para atajar este gran reto para toda la Humanidad. La reducción de emisiones de CO2 debe convertirse en el principal objetivo en las políticas energéticas de todos los países.
Nuevo enfoque ante el cambio climático
Actualmente el consenso internacional es que no basta con mantener una visión descendente (top-down) del problema del cambio climático [es decir, acordar objetivos de reducción de emisiones primero a nivel internacional y luego a nivel nacional y sólo después repartir los esfuerzos de reducción entre los diferentes gobiernos (regionales, provinciales, municipales) y entre sectores], sino que es necesario adoptar un enfoque ascendente (bottom-up) donde se les pide a los municipios y otros niveles territoriales de la Administración que participen de manera activa en las políticas de lucha contra el cambio climático. Se ha hecho ya un abundante trabajo en la definición de las oportunidades de reducción de emisiones disponibles en los pueblos y ciudades y qué medios precisan para ponerlas en marcha.
Así pues, se ha producido un cambio de paradigma en las políticas de clima. Se invierte así la política global que descarga las tareas en los Estados, para ser los Estados, pero también los gobiernos regionales y ciudades los que sean pilares de la política global. En este marco, los municipios y los gobiernos subnacionales (gobiernos insulares, diputaciones, cabildos, comunidades autónomas...) adquieren un papel protagonista. La propia Comisión Europea ha afirmado que los ayuntamientos deben ser los principales actores del progreso de la eficiencia energética.
En torno a la Alianza Mar Blava se ha logrado constituir un amplio frente común, de carácter multisectorial (sociedad civil, sector privado y Administración pública), para luchar contra las prospecciones petrolíferas en aguas baleares. Tras casi dos años de existencia, la propia evolución interna de la Alianza Mar Blava ha hecho nacer en su seno la necesidad de presentar propuestas de cambio ante una situación que aboca a las Baleares a un futuro preocupante.
Avanzando hacia la sostenibilidad
En coherencia, además de trabajar para lograr un mar Mediterráneo libre de prospecciones petrolíferas, uno de los fines declarados de la Alianza Mar Blava es fomentar el desarrollo y la implantación urgente de un modelo energético sostenible, basado primordialmente en el ahorro y la eficiencia energética y las energías renovables. En ese sentido, la Alianza ha propuesto a los partidos políticos, que ahora tienen que pulsar otra vez la opinión de la ciudadanía, una serie de actuaciones y medidas fundamentales para fomentar las energías limpias a nivel municipal e insular.
La importancia de los ayuntamientos y gobiernos insulares para el desarrollo e implementación de reglamentos, políticas y medidas necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, es muy elevada. Sirva como ejemplo que casi la mitad del transporte tiene lugar en los municipios, así como el total de las emisiones del sector residencial; la producción de residuos es, así mismo, responsabilidad municipal y supramunicipal. Por tanto, los mayores retos que afronta una entidad local con respecto a la reducción de emisiones son la vivienda, la movilidad y la gestión de residuos. El documento de la Alianza desglosa una serie de propuestas de carácter fundamental para esas tres áreas y añade también otras dos: medidas transversales en la política municipal y medidas de adaptación al cambio climático.
Tras los comicios de mayo, habrá mucha más presión social para que los Ayuntamientos y los Consells insulares introduzcan la consideración del cambio climático dentro de la planificación territorial de la costa, revisen los planes urbanísticos y de ordenación del territorio que afecten a zonas vulnerables y no permitan construir más en zonas inundables.
También para que éstos emprendan programas de rehabilitación energética de edificios; favorezcan el autoconsumo; desarrollen planes de movilidad sostenible que faciliten el acceso a un transporte público y de calidad, asegurando la accesibilidad de todos los ciudadanos; propicien la reutilización y el reciclaje de los residuos, generando de esta forma desarrollo económico y empleo, y reduciendo el impacto ambiental; entre muchas otras cosas más.
Estamos en un momento clave. Las islas Baleares pueden convertirse en un referente mundial en la lucha contra el cambio climático. Ibiza y Formentera podrían ser, en pocas décadas, 100% renovables. Es sólo cuestión de voluntad política y compromiso ciudadano.
