Obras públicas adjudicadas sin presupuesto, deudas desde gobiernos de Brasil, Venezuela y Ecuador por obras realizadas y aún impagas, la situación en el mercado eólico brasileña y argentino, por un lado, y el caso de inestabilidad económica en Argentina, por otro, explican en gran parte lo que sucede con la mayor empresa eólica latinoamericana, que también es líder en la producción de grandes equipos hidroeléctricas y grúas portuarias.
La crónica debe iniciarse con la carta enviada desde Impsa a las autoridades provinciales en la que solicita autorización para abrir un procedimiento laboral por el que podría despedir o suspender parte de los entre 350 y 400 trabajadores de sus fabricas mendocinas. La firma tiene, además, también factorías en Malasia y Brasil.
En esa misiva, la empresa alega que lo hace “con el objetivo de lograr la sustentabilidad del negocio, asumiendo como prioridad la continuidad de la mayoría de los puestos de trabajo, y alineado con las necesidades de producción”.
La firma también ha planteado la posibilidad de vender sus activos eólicos en Brasil.
Se asegura que desde el Gobierno se analiza la posibilidad de preparar un operación de rescate de la firma.
