Ingeniero Agrónomo en la especialidad de Economía, Sociología y Política Agrarias, Emilio Díaz Pérez estudió en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba (UCO). Especialista en Energías Renovables y Mercado Energético por la EOI y Técnico Superior en Desarrollo Rural, este cordobés del 70 entró en el mundo laboral por la puerta de la universidad (UCO), donde estuvo al frente "de diversos proyectos de investigación sobre contaminación difusa por nitratos procedente de fuentes agrícolas". En el año 2000, Díaz entra en Giesa, o Gabinete de Iniciativas Europeas, una sociedad de profesionales que oferta "servicios altamente especializados" en sectores varios, como el agroalimentario, la bioenergía, o la gestión de recursos hídricos. En 2004, se convierte en socio de Giesa y, desde 2012, lucha por sacar adelante este proyecto, que ya es, al fin, toda una realidad.
¿Cómo empieza esta aventura?
Todo comienza en 2012. Ese año decidimos reorientar nuestro modelo de negocio. Vamos a ver: para empezar me gustaría dejar claro que nosotros no somos una ingeniería. En realidad somos promotores y desarrolladores: hacemos un trabajo de identificación, formulación y desarrollo de proyectos. Trabajamos toda la cadena de valor, e incluso la operación, pero no construimos, y no somos inversores con vocación de permanencia en la propiedad de las instalaciones.
Sin embargo, en este caso sí han entrado…
Sí, en esta instalación somos propietarios. Como decía, en 2012 decidimos apostar por un modelo de negocio que no estuviera vinculado a la generación de energía eléctrica. Y empezamos a seleccionar entonces aquellos proyectos de nuestra cartera susceptibles de ser trabajados con el nuevo modelo. A saber: régimen térmico (no queríamos exponernos a la regulación compleja e incierta de la generación de energía eléctrica); modelo de negocio sostenible puramente privado (no queríamos exponernos tampoco a la inseguridad jurídica que generaba entonces, y sigue generando, la Administración); y tres, vamos a un modelo de gestión de residuos, es decir, que el objeto de estos proyectos no es tanto la generación de energía, cuanto la gestión del residuo. En fin, que la generación de electricidad no es el objetivo, es un subproducto.
Y, cuatro años después… Campillos. Qué ha ocurrido en ese lapso?
Un poco de todo. En 2013, somos seleccionados por el Gobierno central como Proyecto Clima, lo cual supone una cierta ayuda económica y todo un espaldarazo. Al año siguiente, la Junta de Andalucía nos concede una ayuda de 1,17 millones de euros y nos facilita vías de financiación preferente (quiero aprovechar aquí para agradecer en ese sentido la entrega del viceconsejero de Agricultura, Ricardo Domínguez García–Baquero, que creyó en este proyecto desde el principio). Y, por fin, un año espués, en 2015, nos aliamos con Inabensa, la ingeniería y constructora del Grupo Abengoa. El acuerdo es que ellos construyen la planta y que entre los dos la explotamos conjuntamente, mediante una Unión Temporal de Empresas. La construcción comienza en febrero, pero, a finales de ese año, se produce la situación preconcursal de Abengoa. Y todo ello acarrea un problema muy importante en cuanto a plazos de ejecución, en cuanto a retrasos.
Un problema con los plazos y… con la subvención, ¿no es así?
Sí, la Junta nos ha denegado el cobro de la subvención de forma totalmente sorpresiva. Y consideramos que de manera absolutamente injustificada. Porque cumplimos, a todas luces –desde nuestro punto de vista (tanto técnico como legal)– con todas las exigencias de la resolución de la ayuda. Y creemos que ha sido la propia Administración la que no ha cumplido lo que acordamos en el proceso de conversaciones que se abrió como consecuencia de lo sucedido con Abengoa. Además, su silencio ha complicado aún más la búsqueda de una solución. Pero, independientemente de esto, la aplicación de la norma que regula la subvención realizada por la Junta es incorrecta, y a todas luces desproporcionada en sus consecuencias.
A todo esto, Giesa decide hacerse cargo de toda la planta. ¿Cuándo?
Comenzamos a posicionarnos, precisamente, a la vista de lo que estaba ocurriendo en Abengoa. Lo hicimos con ánimo de ser parte de la solución al problema que suponía la entrada en concurso de ese grupo, o una posible liquidación. Es más: son muchos los que en esos momentos nos animan a dar el paso. Desde la propia Administración… hasta los clientes y los financiadores. Todos nos animan a hacernos con la propiedad. Porque somos los que hemos diseñado la instalación, sabemos operarla, tenemos la confianza de los clientes… Así que damos el paso: nos hacemos con la propiedad, y, una vez que se produce la notificación de la Administración –el no al cobro de la ayuda–, pues hemos abordado un proceso de refinanciación de la deuda. La subvención que no hemos cobrado estaba cubierta por un préstamo puente que ahora hay que refinanciar, así como el sobrecoste de inversión del proyecto en el que incurrió Abengoa. Y en ese momento estamos, en un momento delicado, porque estamos negociando con los financiadores una reestructuración. Pero hay buena disposición de todas las partes. En ese sentido, también quiero agradecer la proactividad del presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Miguel Rus, por su labor de defensa de nuestros intereses ante la Administración y por la implicación del Grupo Rus en nuestro proyecto, en el que se ha convertido en un socio fundamental en el desarrollo de nuevas iniciativas, un socio que viene a sumar su amplia experiencia en el sector de residuos y medio ambiente a nuestra capacidad como tecnólogos especializados.
Por lo demás, la planta ya está funcionando.
Sí, desde julio estamos dando servicio, aunque no a capacidad nominal. La foto a día de hoy es esa: planta en marcha, en una situación de búsqueda de acuerdos para la refinanciación de la deuda… Deuda consecuencia de lo que, a nuestro juicio –insisto– , no es sino un incumplimiento de la administración, incumplimiento por el que iremos a un contencioso administrativo con total seguridad.
¿Cómo es la planta de biogás de Campillos?
Es una instalación que genera biogás con purines y otros cosustratos, y que cuenta además con una red subterránea de distribución y su estación de bombeo de gas. La red privada de distribución del biogás tiene más de cinco kilómetros de longitud, y comunica la planta con cada uno de los consumidores– clientes.
¿Cuál ha sido el coste de inversión?
El coste de inversión en las instalaciones es de 4,42 millones de euros. Un 24% de fondos propios y un 76 de financiación bancaria privada, financiación preferente e inversión directa. Hay partidas de ese montante pendientes de ejecutar.
¿Cuándo estará la planta en marcha a plena capacidad?
Dependerá de los términos del acuerdo de refinanciación.
¿Quiénes son los clientes?
Procavi es uno de ellos. Se trata de una empresa que tiene cuatro núcleos de recría de pavo en la zona. Allí se ocupan del crecimiento de los animales, desde la incubadora hasta que tienen 28 días, una etapa muy delicada, y durante la cual se necesita calor en cualquier época del año. Procavi consume entre el 70 y el 75% de lo que producimos. Y el otro cliente es Gypasa, una fábrica de piensos que está a 800 metros de la central y que usa el calor para el granulado de piensos. ypasa puede demandar en torno al otro 25–30%.
¿Cuál es la relación contractual?
Tenemos sendos contratos a 10+5 años. Es decir, diez años con una prórroga tácita de cinco. Un contrato tipo PPA de adquisición de energía térmica [power purchase agreement, contrato de compraventa de energía]. El modelo de negocio es tipo Empresa de Servicios Energéticos [ESE]. Vendemos la energía a un precio pactado en un contrato a largo plazo que le permite al cliente desindexar el coste de su energía del precio del petróleo.
¿Y cuál fue el precio?
Pues… respecto al que estaban pagando con propano [Procavi] o con GNL [Gypasa]… supone un ahorro variable, dependiendo del precio del petróleo y de la fórmula de indexación de sus contratos anteriores con el comercializador de gas. En todo caso, es importante destacar que, en estas operaciones, aparte del ahorro, tenemos otras sinergias tanto en el caso de Procavi como con Gypasa.
¿Sinergias?
Sí. Tenemos una cartera de proyectos con ese mismo modelo. Con variantes, pero siempre con el concepto de economía circular en mente. Un ejemplo: tenemos uno muy interesante, y muy novedoso, pero con aplicación a transporte, en una flota cautiva de camiones. Estoy hablando de biometano. Ahora mismo estamos en proceso de oferta al cliente. Trabajaremos también con un modelo de Empresa de Servicios Energéticos. En este caso, actuamos como tecnólogos. O sea, que, tal y como hicimos en Campillos, hemos diseñado, formulado y desarrollado el proyecto, y lo vamos a acometer junto con una multinacional importante en España.
¿Va a tener Campillos algún aprovechamiento de tipo eléctrico?
Tenemos un motocogenerador, porque es verdad que hay épocas, sobre todo en verano, en las que el consumo de calor baja mucho. Y la parte residual no consumida vamos a meterla en el motor y vamos a venderla a pool [mercado mayorista de la electricidad]. Pero el peso que la electricidad tiene en Campillos es menor del 10% de los ingresos. Con ese criterio estamos funcionando. Para nosotros, la electricidad es un subproducto.
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