Las "preferentes", aquel producto bancario que a tantos miles de ciudadanos amargó su vida por la estafa de que fueron objeto - pues de que otra manera se puede calificar el engaño por ellos protagonizado - al ver los ahorros hechos a lo largo de sus años de trabajo atrapados en un producto financiero que les impedía recuperarlos cuando deseaban, en muchos casos como complemento de su pensión y tranquilidad de su vejez.
Que decir de aquellos que un día fueron animados a ser ellos también banqueros y compraron acciones de Bankia cuando dicha Entidad sacó a bolsa una parte de sus acciones, haciendo a tal fin una poderosa campaña de captación de nuevos accionistas a través de su gran red de sucursales y una bien orquestada campaña de difusión y propaganda.
Durante mucho tiempo la posición defendida por las entidades bancarias que habían comercializado las llamadas "preferentes", ante las muchas protestas de los pequeños inversores que en ellas habían depositado sus ahorros, fue alegar que los mismos debían haber conocido, previo a adquirir tal producto, los riesgos que conllevaba en lo que a falta de liquidez se refiere. Solo les faltó decir, aunque supongo que alguno lo haría, que todo ello estaba perfectamente explícitado en la letra pequeña, e ilegible, que acompaña a toda operación de las que realizamos en cualquier banco. Ello supuso un verdadero calvario para muchos empleados bancarios, incluidos los propios directores de sucursales, que tuvieron que soportar las protestas de clientes de muchos años, algunos de ellos amigos, que les acusaban de haberlos engañado, cuando la realidad era que ellos mismos, en muchos casos, habían invertido en ese producto aconsejados por sus superiores de máximo nivel.
Igual sucedió con la salida a bolsa de Bankia, con el agravante en este caso de que los afectados tuvieran que oír aquello de: si no quiere riesgos no invierta en bolsa, por lo que si Vd. compró acciones a un precio y ahora esas acciones valen la décima parte es problema suyo.
Sin embargo tanto un caso como otro, después de múltiples protestas y manifestaciones de los afectados y diversos recorridos por los tribunales españoles, han ido viendo la luz, pues el sentido común, y con ello la justicia, ha acabado imponiendose, lo que está permitiendo a quienes invirtieron en "preferentes" recuperar su dinero y a quienes adquirieron acciones de Bankia en su salida a bolsa ser resarcidos de los abusivos precios que por ellas habían pagado. A estos efectos ha sido muy significativa y esclarecedora la reciente sentencia del Tribunal Supremo que considera que "los accionistas minoritarios de Bankia que adquirieron dichos valores en su salida a bolsa fueron inducidos a engaño por los anteriores gestores a través de información gravemente inexacta".
Pero si grave es la inducción a engaño a pequeños inversores particulares hecho por otros particulares, en este caso grandes entidades bancarias, ¿que decir cuando un pequeño inversor sufre circunstancias semejantes a manos del propio Gobierno de su país?. Y ello es mucho mas grave porque tales compromisos no estaban hechos en un folleto mas o menos vistoso. No, estaban escritos, negro sobre blanco, en el Boletín Oficial del Estado.
Eso es precisamente lo ocurrido a los miles de pequeños productores que invirtieron sus ahorros en la entonces naciente energía fotovoltaica inducidos por el propio Gobierno con reclamos tan patrióticos como que "ayudarían a España a cumplir sus compromisos de reducción de contaminantes y a alcanzar el tanto por ciento de energías renovables fijado por la Unión Europea" o con anuncios tan llamativos como que "el sol es suyo", para una vez hechas las correspondientes inversiones ver como el Gobierno, su Gobierno, recortaba las retribuciones que inicialmente les había ofrecido, como hizo en 2010 el Ministro Socialista Miguel Sebastián.
Mas grave fue la modificación total del sistema hecho en 2013 - con grave quebranto económico para los afectados, a muchos de los cuales ha llevado a la ruina familiar, al reducirles hasta el 50% sus retribuciones anteriores - por el recientemente dimisionario Ministro de Industria, Jose Manuel Soria, que ahora hemos visto que tan ocupado estaba en defender al oligopolio eléctrico desmantelando la incipiente industria fotovoltaica y sacando del sistema eléctrico español a los pequeños productores de esa tecnología que habían invertido sus ahorros en España que olvidó sus propios negocios en diversos paraísos fiscales.
La pregunta que se plantean los miles de afectados a la vista de algunas resoluciones judiciales, que parece dan por buenos exclusivamente los informes de la Administración, es: ¿para los tribunales españoles es mas importante inducir a engaño a un inversor a través de información gravemente inexacta realizada por los gestores de una entidad bancaria en un folleto mas o menos llamativo que la realizada por el Gobierno de España a través del Boletín Oficial del Estado?. Si esto es así, ¿quien puede confiar, a partir de ahora, en lo que diga el BOE?
Desde luego, para respaldar tal despropósito, no parece suficiente afirmar que tenia que ser previsible para los inversores que si las circunstancias cambiaban el Gobierno podía también modificar las condiciones ofertadas, ya que, según eso, tenemos que suponer que las decisiones que el Gobierno compromete en el BOE son menos previsibles para un pequeño inversor que la evolución del valor en bolsa de unas acciones concretas. ¿Se extrañará alguien de que con tales planteamientos la confianza y credibilidad de jueces y políticos anden a la par?.
Y sin embargo ambos son fundamentales para la buena salud de un Estado democrático, por lo que confiamos que, al igual que quienes invirtieron en preferentes y en acciones de Bankia han visto finalmente reconocidas sus razones por los tribunales, también la luz, el sentido común y la justicia se acaben imponiendo para que quienes invirtieron en energías renovables recuperen las condiciones que en su día les fueron ofrecidas en el Boletín Oficial del Estado.
