Desde la reforma de la tarifa eléctrica llevada a cabo por el atual gobierno en funciones y que entró en vigor en 2014, la comercialización eléctrica tiene un peso en el precio de venta al pequeño consumidor de 4 euros al año por kilovatio de potencia contratada.
Ahora, según informa Europa Press, el Tribunal Supremo ha dado la razón a las compañías eléctricas, que habían recurrido esta decición, y dice que el Ministerio de Economía -del que dependen actualmente las competencias de Energía- debe llevar al Consejo de Ministros la nueva metodología para fijar esos costes antes de que finalice este mes de junio.
Si el Gobierno sigue el criterio técnico de la CNMC para fijar los pagos a las comercializadoras de electricidad, que estima que para éstas cubran costes el recibo medio debe subir 5,24 euros por kW, el recibo podría llegar a subir más de 60 euros al año para un recibo medio, según estima el experto en energía Jorge Morales de Labra.
"La Comisión le ha dicho al Gobierno que tiene que cubrir los costes de comercialización, pero que sobre esos costes ha de poner unos márgenes. Según la decisión que tome el gobierno: qué costes de captación de clientes les atribuye, o qué margen pone a las compañías eléctricas, la subida será mayor o menor”, ha declarado Morales de Labra a la Ser.
Morales de Labra teme además que la subida tenga carácter retroactivo, porque la sentencia del Supremo anuló la orden ministerial que fijó el precio vigente desde abril de 2014. Según el experto, si esto es así, solo en atrasos una familia tendría que pagar entre 20 y 120 euros.
