El informe de la Comisión Nacional de Energía es accesible en cne.es desde el viernes de la semana pasada. Y desde el domingo de la semana pasada no han cesado de pronunciarse sobre el particular las patronales sectoriales afectadas. La primera en difundir un comunicado oficial de valoración de aquel informe fue Protermosolar, la patronal del sector solar termoeléctrico, y la última, por ahora, la Asociación Empresarial Eólica, que ayer mismo emitía un comunicado en el que advierte "que si la moratoria prevista en el Real Decreto-Ley 1/2012 se prolonga hasta al menos 2017, como propone el informe emitido por la Comisión Nacional de la Energía, la industria eólica desaparecerá de España".
Según la patronal eólica, el informe de la CNE plantea cuatro posibles escenarios, que van desde una suspensión indefinida que implicaría que la única potencia renovable a instalar de aquí a 2020 sea la inscrita en el Registro de Preasignación, a una revisión de la senda de los objetivos del Plan de Energías Renovables de modo que se volviese a instalar a partir de 2017, dando prioridad “a la tecnología más económica”, la eólica terrestre. Según la CNE, para entonces la eólica “apenas” tendrá necesidad de incentivos. Pues bien, al respecto AEE considera que, "si el gobierno escucha la recomendación de la CNE, cuando quiera reactivar la eólica no tendrá más remedio que importar los aerogeneradores del extranjero, porque España no tendrá ya industria propia y se habrán destruido miles de empleos, que no se recuperarán".
La más competitiva
Según la AEE, el informe, "que en diversas ocasiones cita a la eólica como la tecnología más competitiva", recomienda el establecimiento de un mecanismo de subastas para asignar la potencia renovable a instalar y determinar su coste en el que los promotores fijan su retribución a través de una puja. Pues bien, según el análisis realizado por AEE, en los países en los que se ha implantado este sistema se ha instalado considerablemente menos potencia de la adjudicada inicialmente en las subastas. A pesar de sus críticas al informe, la asociación se muestra "dispuesta a estudiar junto al gobierno los diferentes mecanismos de mercado que, teniendo en cuenta la situación de la economía española, garanticen la supervivencia de la eólica y sus más de 30.000 puestos de trabajo".
La AEE también critica otras de las medidas mencionadas por la CNE en su informe: la "más significativa" de ellas para la asociación es "la propuesta de reducir la tasa de actualización de los parámetros de la retribución a partir de abril de 2012, lo que tendría un impacto acumulativo que afectaría a la rentabilidad de los parques eólicos ya instalados". El sector considera que "de ningún modo" deben tomarse medidas que afecten a la potencia instalada, "ya que ello pondría en duda la seguridad jurídica del país y alejaría la inversión". En definitiva –concluye la AEE–, "si el Gobierno atiende a estas recomendaciones de la CNE, el futuro del sector eólico se vería truncado".
Según los cálculos de esta asociación patronal, la industria eólica ha perdido más de diez mil puestos de trabajo en los últimos años "como consecuencia de los cambios regulatorios y la incertidumbre". Para evitar un mayor perjuicio al sector, la AEE "pide al gobierno que tenga en cuenta a la hora de regular que la eólica ha creado a su alrededor un tejido industrial con empresas en toda la cadena de suministro –de los grandes fabricantes a los pequeños proveedores-, que exporta tecnología por más de 2.000 millones de euros anuales, invierte en I+D unos 150 millones al año y evita importaciones de combustibles fósiles por cerca de 2.000 millones".
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