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La compañía sumó hasta 265.000 cortes de luz en 2015

Greenpeace declara la guerra a Iberdrola

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La organización ecologista, la federación de oenegés de solidaridad internacional Setem, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y las asociaciones de consumidores Anae, Arce y Adicae han anunciado hoy la creación de lo que denominan un "frente común" desde el que quieren "reclamar el fin de las malas prácticas que Iberdrola comete contra sus propios accionistas, los consumidores, la sociedad en general y el medio ambiente".
Greenpeace declara la guerra a Iberdrola

Las asociaciones Adicae (de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros), ANAE (Asociación Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética) y ARCE (Asociación Regional de Consumidores de Energía), la organización ecologista Greenpeace España, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la federación de organizaciones de solidaridad internacional Setem han publicado hoy un manifiesto en el que critican duramente "los abusos de Iberdrola contra los pequeños ahorradores convertidos en accionistas de la empresa, contra los consumidores y contra el medio ambiente". Entre otras cosas, los firmantes acusan a Iberdrola "de contribuir a la pobreza energética -con 265.175 cortes de luz por impago en 2015 y la nula promoción del bono social- mientras su presidente cobra 26.027 euros al día". El Manifiesto, no obstante, va más allá de la crítica y presenta "12 propuestas de cambio y mejora". Son estas.

1- Para acabar con la pobreza energética, los firmantes proponen "poner fin a los cortes de suministro a los hogares en riesgo de exclusión social, siendo estos determinados previamente según criterios económicos y sociales contrastables. Además, que las prácticas comerciales de Iberdrola promuevan, en lugar de torpedear, la aplicación del bono social entre los hogares en situación de especial vulnerabilidad. Es insultante -dicen los firmantes- el aumento de los hogares que sufren pobreza energética en España, así como la tendencia imparable de esta empresa a seguir aplicando cortes de suministro. Entendemos que la energía es ante todo un derecho".

2- Así mismo, los firmantes plantean "que Iberdrola se fije públicamente el objetivo de tener un parque de generación eléctrica prácticamente 100% renovable antes de 2030. Esto implica necesariamente, en reconocimiento del riesgo al que Iberdrola expone a toda la ciudadanía y al medio ambiente, el cierre de todas sus centrales nucleares antes de 2024, empezando por la central de Garoña (gemela de la central de Fukushima). Tanto la pobreza energética como la crisis climática -dicen los firmantes- tienen soluciones comunes: un sistema energético 100% renovable, eficiente e inteligente en el que el ciudadano esté situado en el centro".

3- Las seis organizaciones que han suscrito el Manifiesto reclaman también "que se fije una fecha para el cierre de la térmica de carbón de Velilla (Palencia) no más tarde del 2020. Es insostenible -explican- no reducir las emisiones peligrosas para la salud pública y es una obligación legal comunitaria que debe asumir Iberdrola y, en ningún caso, debe realizarse con dinero público. A su vez, Iberdrola debe garantizar un plan de reconversión laboral para los trabajadores vinculados, directa e indirectamente, a esta producción de carbón".

4.- Los firmantes plantean "que Iberdrola realice la evaluación del impacto del cambio climático sobre sus activos fósiles y la publique, junto con la información que pueda afectar a los accionistas, el año que viene en la junta de accionistas. Esperar demasiado a acometer la transición renovable puede exponer a sus accionistas a fuertes daños económicos causados por repentinas revalorizaciones de esos activos que están en gran parte financiados vía deuda".

5- Las oenegés reclaman asimismo "que Iberdrola dé voz y voto a sus pequeños accionistas. En lugar de intentar censurarles en su junta y de llevar ya los acuerdos aprobados de antemano por el Consejo de Administración mientras de cara a la galería promociona una falsa política de involucración de los accionistas, esta compañía -explican- debe dar el lugar que corresponde a sus legítimos propietarios en la participación y decisión de las decisiones de la empresa".

6- Los firmantes exigen "que Iberdrola renuncie a su posición respecto al impuesto al sol y reevalúe el valor del autoconsumo para la sostenibilidad del sistema y para una mejor gestión de la red de distribución de electricidad".

7- Las asociaciones que han suscrito el Manifiesto quieren también "que se termine de una vez por todas con las puertas giratorias. Ningún cargo ligado a la esfera política y bancaria -dicen- debe poder formar parte del Consejo de Administración de esta u otra compañía. Los consejeros y la alta dirección deben ser elegidos en función de su experiencia y reconocido prestigio, no por criterios de confianza o amiguismo político. Solo así se puede garantizar la verdadera independencia de unos cargos cuyos salarios desorbitados además deberían ajustarse a su verdadera contribución".

8- Los firmantes apuestan por "acabar con el oligopolio del sector, controlado por tres empresas, entre ellas Iberdrola con un 40%. Esta posición dominante, además de impedir un verdadero libre mercado de la energía que redunde en una mayor competitividad y beneficie al consumidor, es fuente permanente de conflictos hacia el usuario".

9- Más allá de las fronteras españolas, las organizaciones que han firmado el Manifiesto piden a Ibredrola "que haga pública su desvinculación del proyecto de megapresa hidroeléctrica de Sao Luiz do Tapajós (Estado de Pará, Brasil) y de otras megapresas en la Amazonia que amenacen la selva y los pueblos indígenas". Y es que, según los firmantes, "la participación de Iberdrola en el negocio hidroeléctrico en Brasil, a través de Neoenergía, ha generado un gran impacto social y ambiental, como demuestra el problema de la presa de Belo Monte. La adjudicación de este proyecto está siendo investigada por el Ministerio Público Federal por formar parte del mayor escándalo económico y político de la historia de Brasil. Recientemente, la Relatora de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha visitado la ciudad de Altamira para evaluar el impacto de los proyectos de desarrollo a gran escala; y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha iniciado un procedimiento contra Brasil por violaciones de derechos humanos relacionadas con la megapresa de Belo Monte".

10- Los firmantes piden asimismo "que se implementen medidas de ahorro y eficiencia energética entre las empresas e industrias como entre los ciudadanos, así como el desarrollo de la generación distribuida con balance neto".

11- Las seis oenegés abogan, por otro lado, por que se promueva "una cultura energética a través de campañas de formación e información, cuya elaboración cuente con organizaciones independientes y sin intereses oligopólicos en el negocio eléctrico, y siguiendo las directrices de los Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU y el COP 21 de París".

12- Y, por fin, solicitan a Iberdrola que se adhiera "al arbitraje de consumo como método de resolución extrajudicial de los conflictos que surjan con los consumidores, sin limitaciones y excepciones de ningún tipo (actualmente solo se encuentra adherida la distribuidora de Iberdrola, no la comercializadora, quedando fuera a consecuencia de ello el 90% de los arbitrajes presentados)".

Las seis organizaciones que se han unido en este "frente común", además de invitar a toda la ciudadanía y a otras organizaciones a apoyar el manifiesto, "animan a sumarse a esta campaña y a denunciar en las redes sociales posibles abusos de esta empresa utilizando el hashtag #IberdrolaNoMola".

Representantes de esta alianza han presentado el manifiesto este viernes en Bilbao, antes de intervenir en la Junta General de Accionistas de Iberdrola. Allí han calificado esta reunión como "un teatro donde las decisiones llegan aprobadas de antemano por el Consejo de Administración, que solo pretende disfrazar de democrática la imposición de unos abusos que comete en nombre de sus pequeños accionistas, que en la mayoría de los casos son consumidores ahorradores". El último escándalo de Iberdrola, y que ha impulsado esta acción coordinada, ha sido la condena judicial por intentar “limitar injustificadamente la libertad de expresión” de sus pequeños accionistas y de Adicae en la junta de 2015.

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