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El ministro de Industria considera que España "es un país muy atractivo" para los inversores

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Luis de Guindos, el hombre que ha sustituido a José Manuel Soria al frente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ha viajado a Londres -en el marco del postBrexit- con el objetivo de atraer a España los capitales que presuntamente van a fugarse del Reino Unido. 
El ministro de Industria considera que España "es un país muy atractivo" para los inversores

De Guindos ha asegurado -en una entrevista concedida a Onda Cero- que España "es un país muy atractivo" para los inversores. La afirmación quizá no tiene suficientemente en cuenta la imagen que tiene en Europa la Marca España, muy perjudicada por los problemas de seguridad jurídica que afectan especialmente (y precisamente) al sector energético nacional. Efectivamente el Brexit podría ser una oportunidad. Lo sembrado durante la última legislatura en el sector, sin embargo, quizá no constituye la mejor tarjeta de presentación, o el mejor aval, para ello. Esta es la historia.

"La seguridad jurídica es un factor determinante para el desarrollo económico". La frase es del doctor en Derecho Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garrigues, el prestigioso despacho de abogados. "Para nuestro Tribunal Constitucional -explica Vives-, la seguridad jurídica es la suma de certeza, legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de las normas no favorables e interdicción de la arbitrariedad, que, en su conjunto, permite promover en el orden jurídico la justicia y la igualdad en libertad". Vives firma esas palabras en "España: crecer en la nueva economía global", obra que presentó en Madrid la Fundación de Estudios Financieros en abril de 2013. Por cierto, que el acto de presentación fue clausurado por el entonces ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, autor de una reforma energética que ha sembrado la inseguridad jurídica en el sector hasta tal extremo de que, a día de hoy, España es uno de los países con más denuncias en curso en tribunales de arbitraje internacionales.

¿Y por qué?
Pues porque muchas multinacionales y fondos de pensiones de todo el mundo invirtieron en España, en el sector de las energías renovables, confiados en un marco regulatorio determinado, un marco que había consagrado el Gobierno de la Nación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que establecía que el precio del kilovatio hora generado por instalaciones solares fotovoltaicas iba a ser uno muy concreto y durante un período muy concreto. A la luz de ese marco, los inversores hicieron sus cuentas, solicitaron los correspondientes créditos para invertir (confiados en el retorno que establecía el marco regulatorio descrito en el BOE) e invirtieron efectivamente. Pues bien, el ministro socialista Miguel Sebastián en 2010 y, a continuación, el ministro popular Soria modificaron ese marco (las modificaciones han supuesto que los ingresos esperados por los inversores se han derrumbado, en algunos casos, hasta en un 50%) y los inversores afectados, que consideran retroactiva esa modificación, han denunciado en masa ante los tribunales internacionales.

Y todas las denuncias llevan la vitola de "inseguridad jurídica"
"La seguridad jurídica pretende consolidar un sistema en el que se puedan predecir, con probabilidad de acierto, las consecuencias en el ámbito social y económico de las actuaciones de los particulares (...), lo que contribuye positivamente a la paz social (y, por ende, al progreso económico)". Vuelven a ser palabras del doctor Vives, plasmadas en su artículo "Seguridad jurídica y desarrollo económico" (incluido en la obra colectiva "España: crecer en la nueva economía global", de la Fundación de Estudios Financieros). En idéntica línea se expresa el Abogado del Estado Jesús López-Medel, que denunciaba ya en 2013 "la inseguridad jurídica que esta asolando España". Lo hacía, por escrito, en un artículo -titulado significativamente "Lamento por la seguridad jurídica"- y aparecido en la revista digital del Consejo General de la Abogacía Española. López-Medel denuncia en ese texto, muy contundente, "la incertidumbre que está envolviendo al ordenamiento jurídico español…y a los españoles".

Algunos de los párrafos que firma el Abogado del Estado son particularmente reveladores
Y recuerdan por cierto lo sucedido con la otra cara de la fotovoltaica en España: el autoconsumo y el increíble impuesto al sol que ha ideado el Ejecutivo Rajoy, desoyendo todas las voces del sector. Medel lo cuenta así:

"es evidente que la crisis económica de estos últimos tiempos está generando en los poderes públicos una reacción errática, convulsa y, a veces, atropellada e improvisada (...). Los ciudadanos estamos asistiendo perplejos a una catarata de decisiones de las diversas autoridades políticas que generan una enorme incertidumbre en la sociedad (...). Una dimensión donde esto es flagrante es en la producción normativa, donde la cada vez más deficiente calidad legislativa acaso no sea ajena al claro deterioro de la calidad democrática que estamos viviendo (...). Otro de los problemas vinculado a lo que estamos exponiendo es la poca escucha de sectores implicados. La falta de audiencia en proyectos legislativos, restringida exclusivamente a órganos cuyo informe es preceptivo legalmente, y la frecuente desatención cuando no desprecio a opiniones -que, acertadas o no, deben, al menos, ser escuchadas- es algo creciente. Y esto está afectando a todos los ámbitos".

Asociación de Empresas de Energías Renovables, APPA
Durante la última legislatura (en menos de seis meses se cumple un quinquenio desde que Mariano Rajoy llegara a La Moncloa, por cierto), todas las asociaciones del sector de las energías renovables se han quejado precisamente de eso: de los oídos sordos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que ha aprobado todo un rosario de normas en materia de energía. Sobre el particular, el presidente de la Asociación de Empresas de Energías Renovables, José Miguel Villarig, era muy explícito, a mediados de marzo, en el marco de una jornada titulada precisamente «Energías renovables: competitividad, regulación, mercados»: la seguridad jurídica, “tan importante en el sector energético -decía Villarig-, depende de que la regulación sea estable y predecible”. Por el contrario –se quejaba el presidente de APPA-, en los últimos años, “las leyes y reales decretos se cuentan por decenas, y las disposiciones, por cientos… y, en un sector en el que hay que invertir a largo plazo, no se puede improvisar o no se debe improvisar tanto”, concluía.

López-Medel alude asimismo en su texto a otros excesos del Ejecutivo y/o Legislativo
En "Lamento por la seguridad jurídica", el Abogado del Estado llama la atención también sobre "la forma preferida de producción legislativa en los últimos tiempos: la utilización más que abusiva de la técnica del decreto ley, que, en principio, es un mecanismo excepcional, ha sido y sigue siendo -dice Medel- clamorosa. En 35 años de reciente historia constitucional nunca se empleó con tal gran desmesura esa técnica legislativa". El Abogado del Estado denuncia a continuación algo que considera que también ha sido "muy frecuente" en esta legislatura: "la utilización de una norma para abordar otras reformas legislativas no anunciadas ni enunciadas en el título de la disposición". Y pone un ejemplo muy concreto: el Decreto Ley 29/2012, de 28 de diciembre, "de mejora de gestión y protección social en el sistema especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social", un decreto sobre empleados de hogar en el que el Ejecutivo "aprovecha" -denuncia Medel- para modificar nada más y nada menos que la Ley 54/97, del Sector Eléctrico.

Una mínima seguridad jurídica exigible en un Estado de Derecho
López Medel concluye: "las decisiones normativas se toman en escaso tiempo o con un ocultismo nada correcto, a veces precedido de un enorme halo de indefinición de los gobernantes ante la opinión pública. La incertidumbre en que se vive y que tiene todos los visos de incrementarse -continúa Medel- es algo que está erosionando a un gran nivel una mínima seguridad jurídica exigible en un Estado de Derecho". Pues bien, en ese marco que describe el Abogado del Estado Jesús López-Medel, España se ha convertido en el segundo país (de todo el mundo; solo estamos por detrás de Venezuela) en número de pleitos abiertos en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (el Ciadi es un organismo del Banco Mundial). Más aún, la semana pasada, otra denuncia contra el Reino de España -interpuesta por Infracapital Solar BV- llegaba al Ciadi. Y, esta semana, De Guindos viaja a Londres y asegura, sin vergüenza alguna, que España "es un país muy atractivo" para los inversores.

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