El Gobierno ha aprobado esta normativa de forma aislada, en contra del clamor social (más de 200.000 firmas y 40.000 alegaciones recogidas contra el texto), el resto de partidos políticos, que se han comprometido a derogarla, y las instituciones, como la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) o la Defensora del Pueblo.
La normativa prevé “un cargo económico extra”, conocido popularmente como “impuesto al sol”, para aquellos consumidores que, además de contar con el servicio de electricidad de la red, tengan un sistema de autoconsumo. Este “impuesto al sol” es, afirma UNEF, “injustificado, como ya han venido denunciando diferentes organismos reguladores y desincentivador”. Los autoconsumidores conectados a la red ya pagan los mismos peajes al sistema que cualquier otro consumidor, es decir, la totalidad del término fijo, y la parte correspondiente a la demanda de energía que hagan de la red.
No se regula el balance neto
La modalidad de autoconsumo más extendida en el mundo, el balance neto, especialmente interesante para incentivarlo en los hogares, queda sin regular. El balance neto consiste en ceder la electricidad que generas y te sobra cuando no la usas (por ejemplo, en las horas centrales del día en muchos hogares) y poder, a cambio, recuperar esa misma cantidad de energía cuando tu instalación no genera (por ejemplo, de noche).
La normativa prevé además que los autoconsumidores de menor tamaño (menos de 100 kW) estén obligados a regalar su excedente a la compañía eléctrica. “Lejos de incentivar el autoconsumo, la generación distribuida y el uso de energías renovables, esta normativa desincentiva el desarrollo del autoconsumo eléctrico al prever un ‘impuesto al sol’ injustificado que implicará que los autoconsumidores, aun siendo los que menos uso hagan del sistema, paguen más cargos para el mantenimiento del mismo que el resto de usuarios”, apunta Jorge Barredo, presidente de UNEF.
