El impuesto variable a la exportación de los biocombustibles era un fuerte reclamo que la industria del biodiésel venía haciendo, en especial a partir de la decisión tomada en agosto pasado de elevar ese gravamen, cuando desde el 20 por ciento se elevó al 32 por ciento. Entre las justificaciones alagedas para esa suba estaba la de incentivar el abastecimiento doméstico y así poder cumplir con la mezcla que establece la ley para el diésel local.
Fernández también informó que “a pedido de las cámaras empresarias se introducirá el leasing (arrendamiento financiero) para mejorar el acceso a la demanda”, principalmente en lo que respecta a maquinaria agrícola. En ese sentido anunció una línea de créditos destinada a la compra de maquinaria agrícola nueva y de origen nacional, a tasas de entre el 5 y 9%, según el tamaño de la empresa que tome el préstamo.
A través de un comunicado, la ministra de Industria, Débora Giorgi, explicó que en dichos préstamos, “el Estado nacional bonificará un 7,5% de la tasa de interés lo cual permitirá, por ejemplo, que un transportista o una pyme del Norte Grande argentino acceda a un crédito a una tasa del 5%, mientras que una pyme de otra región del país lo hace al 6,5% y una empresa grande al 9,5%”.
Argentina es el cuarto productor y primer exportador a nivel mundial de biodiesel. Su sistema de exportaciones se ha visto últimamente resentida por el bloqueo español a las importaciones de biodiésel argentino, en represalia a la nacionalización de la petrolera YPF. La producción de biodiésel en 2011 fue de 2,4 millones de toneladas, según datos oficiales, de los que se exportó un total de 1,7 millones de toneladas por 2.088 millones de dólares.
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