Según estas mismas fuentes, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, responsables del caso Púnica, consideran acreditado que la trama corrupta abonó 60.000 euros al exalcalde de Alcalá de Henares y actual representante del PP en la Asamblea Regional, Bartolomé González, a cambio de conceder un contrato de suministro energético municipal a la compañía Cofely, perteneciente a la multinacional francesa Suez. El pago se habría realizado a través de una empresa de construcción vinculada a uno de los cerebros de la red, el promotor inmobiliario David Marjaliza.
Para ello, la trama habría contado con la ayuda del actual director general de Industria, Energía y Minas en la Comunidad de Madrid, Carlos López Jimeno. En concreto, los investigadores señalan que este alto cargo del Ejecutivo autonómico habría pedido a la corporación que presidía González que desbloqueara el concurso para que pudiera terminar llevándoselo Cofely. “El DG de Industria nos ha ayudado para conseguir el contrato de Alcalá de Henares. Yo le pedí el favor”, reconoció en un correo electrónico intervenido uno de los directivos de Cofely imputados en la causa, tal y como recoge El Confidencial.
El testimonio del propio Marjaliza ha sido decisivo para esclarecer este episodio. El constructor admitió en sede judicial que él mismo había acordado en 2014 un pago con González de 60.000 euros después de que el entonces regidor del PP sellara con el director comercial de Cofely, Pedro García Pérez, el amaño de un concurso público de eficiencia energética por un importe total de 13,9 millones de euros.
Según los investigadores, López Jimeno, que es director general de Industria desde el año 2000 (con un breve paréntesis de cinco meses en el Ayuntamiento de Madrid en el año 2003), no solo habría participado presuntamente en el amaño del contrato de Alcalá de Henares. También habría facturado a través de una empresa en la que participó entre 2008 y 2012, Alba Ingenieros Consultores, un total de 192.025 euros a la Fundación de la Energía durante ese mismo periodo. La fundación dependía directamente de su dirección general, por lo que López Jimeno se habría contratado a sí mismo. En concreto, Alba Ingenieros recibió 35.675 euros en el año 2010; otros 59.250 euros en el año 2011 y 97.100 euros en 2012.
“Carlos López Jimeno posee el 20% de la empresa Alba Ingenieros, mientras que otro 40% es propiedad de María del Pilar García Bermúdez, empleada también de la Comunidad de Madrid. Ambos figuran como autorizados en las cuentas corrientes de la compañía”, puede leerse en Público.
La Fundación para la Energía de la Comunidad de Madrid es investigada por la Audiencia Nacional ya que realizó pagos a la empresa Cofely, epicentro de la supuesta trama de sobornos a cambio de contratos públicos destapada con el caso Púnica.
