Tras el conocimiento del texto completo por parte del Alto Tribunal sobre la constitucionalidad del Real Decreto Ley 9/2013 son varias las dudas que asaltan a la fundación. Señala como la más destacable “aquella en la que se viene a afirmar la adecuación normativa de la misma aduciendo, sin apenas justificarlo, que no se puede esgrimir que vulneren los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima”.
De acuerdo con la fundación, es aquí donde el voto particular del Magistrado Juan Antonio Xiol Rios (al que se adhieren dos magistrados más) toma cuerpo: “como bien señala el Magistrado, quizás esta era ´la oportunidad para haber aclarado el concepto, no sólo desde el punto de vista normativo, sino también desde el punto de vista social´. No solo inversores españoles se han visto afectados por estos cambios en la regulación, sino que también varios cientos extranjeros han presentado demandas ante las cortes internacionales de arbitraje”.
La Fundación Renovables aprecia, asimismo, que en esta decisión judicial subyace un aval a una voluntad política.
Mantiene, no obstante, que el camino judicial que tenemos por delante es aún largo. Así, recuerda que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) contra el Real Decreto 900/2015, que regula las instalaciones de autoconsumo y en su diligencia viene a decir que no descarta acudir al mecanismo de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También queda por dilucidar la constitucionalidad de la Ley 24/2013.
La fundación considera que el sistema que nos regula en lo relativo al ámbito de las renovables debería ser “transparente, imparcial y sin cortoplacismos” y, en este sentido, aboga por un sistema en el que la energía sea un derecho básico al que tengan acceso todos los ciudadanos y no pueda verse afectada por los vaivenes políticos y por ende administrativos. “No debemos olvidar que son muchos los ciudadanos afectados por esta decisión judicial y el futuro de muchas familias se ha visto hipotecado”, concluye.
