“El cierre gradual de las centrales nucleares, además de tener un claro impacto positivo en términos ambientales y de seguridad, puede suponer un importante incentivo para la economía española y la creación de empleo. El desmantelamiento nuclear es un hecho necesario e inevitable y, por su implicación en las comunidades locales, merece ser controlado por la sociedad”, ha declarado Raquel Montón, responsable de la Campaña Nuclear de Greenpeace.
El informe está basado en un exhaustivo estudio elaborado por la consultoría independiente Abay Analistas Económicos y Sociales para la organización ecologista y aporta importantes conclusiones.
Respecto al impacto económico y del empleo, además de la creación neta de unos 300.000 empleos –100.000 de ellos procedentes del desmantelamiento de las centrales y gestión de sus residuos, los otros 200.000 irían al sector de las renovables–, se produciría un aumento del PIB próximo a los 20.000 millones de euros y un aumento de la recaudación de unos 2.800 millones de euros.
Los dos sectores más beneficiados por la creación de empleo son comercio y hostelería, que aglutina la mayor parte de los impactos inducidos, y las actividades financieras, profesionales y científicas, que concentran una parte muy significativa del impacto directo de las inversiones.
Cómo financiar el desmantelamiento
Según las últimas estimaciones, referidas a julio de 2015, el coste de desmantelar las centrales y gestionar los residuos radiactivos en España, atendiendo a la planificación que está en vigor en la actualidad (el 6º Plan General de Residuos Radiactivos), ascenderá a un total de 20.200 millones de €. Esta estimación tiene en cuenta una vida útil de las centrales de 40 años y contempla todas las actuaciones relacionadas con la gestión de los residuos radiactivos
La cuestión es de dónde sacar esos 20.000 millones. El informe de Greenpeace destaca que a pesar de que el parque nuclear en España ya ha alcanzado el 84% de la vida útil, la financiación disponible (9.457 M€), que las eléctricas aún no han aportado, ni siquiera alcanza el 30% del monto total que se va a requerir. Y eso pese a que las empresas propietarias de las centrales –Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y EDP– ingresaron 30.837 M€ entre 2005 y 2015 por la producción nuclear.
Así las cosas, Greenpeace mantiene que “es imprescindible el establecimiento de un sistema de financiación de proyectos de desmantelamiento que desarrolle un marco legal adecuado y, sobre todo, de una correcta estimación de los costes, tanto de forma previa al desmantelamiento como de forma periódica durante las sucesivas revisiones de costes”.
Para asegurar que el coste no se traslada a la ciudadanía y se asegure el principio de justicia intergeneracional y no se deje a generaciones futuras, la organización ecologista dice que “es necesario provisionar los fondos necesarios durante el periodo de vida útil de las centrales nucleares”.
Greenpeace propone, asimismo, no conceder ninguna licencia de explotación más a los siete reactores nucleares operativos en España una vez concluya el periodo de validez, y elaborar un nuevo Plan de Gestión de los Residuos Radiactivos para gestionar los residuos producidos hasta la finalización de las licencias de explotación en vigor.
“Es imprescindible que la financiación del desmantelamiento nuclear y la gestión de residuos radiactivos no recaiga en los ciudadanos del futuro sino en las compañías que han obtenido los beneficios. Y es deber del Gobierno planificar, comunicar e invertir en la revitalización de las comarcas donde se encuentran las nucleares”, ha destacado Raquel Montón.
