El Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020 fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de noviembre de 2011, es decir, nueve días antes de que el Partido Popular (PP) ganara las últimas elecciones generales, lo que hizo un 20N y por mayoría absoluta. Un mes después de aquella victoria, concretamente el 21 de diciembre, el nuevo presidente del gobierno, Mariano Rajoy, hacía pública la lista de ministros. Y 36 días después, el 27 de enero, el Ejecutivo suprimía “de forma temporal” los incentivos económicos –las primas– para nuevas instalaciones de generación de energía renovable. Lo hacía so pretexto de acabar con el que calificaba como “principal problema que amenaza la sostenibilidad económica del sistema eléctrico: el déficit tarifario”. El PER 2011-2020 señalaba (señala) dos objetivos muy concretos en materia de biomasa eléctrica y biogás: 1.350 megavatios (MW) para la primera, 400 para la segunda.
Han pasado casi tres años desde aquel histórico 20N, período a lo largo del cual el Ejecutivo Rajoy ha ideado para las instalaciones renovables la denominada “rentabilidad razonable” –que sustituye la prima… a la baja (en algunos casos, en algunas instalaciones, la elimina completamente)–, ha creado nuevos impuestos para gravar a la electricidad limpia –la Tasa Soria del 7%, que debe pagar todo kilovatio renovable generado– y ha ido alumbrando todo un rosario de decretos que han supuesto otros recortes varios –por motivos igualmente variopintos– para las retribuciones de todas las tecnologías renovables. Todos ellos, todos esos varapalos, han cogido a la eólica con 20.000 MW instalados, a la fotovoltaica con más de 4.000 y a la termosolar con 2.300, lejos todas de su Horizonte 2020, pero razonablemente encarriladas. A la biomasa, por el contrario… no.
La historia de nunca jamás
Porque la biomasa eléctrica nunca vivió su Edad de Oro. Ni siquiera cuando el marco regulatorio –el de las primas– le prestaba cierto sostén. Ahí están si no los datos: menos de 700 megas instalados a día de hoy (el Objetivo 2020 marca el doble, 1.350, horizonte de utopía); y 219 megas de biogás, de los que únicamente el 15% proviene de instalaciones de biodigestión de biomasas agroganaderas. Y el caso es que los números de la biomasa –los que no se refieren a su grado de cumplimiento del PER– son más que atractivos. Según APPA, la biomasa eléctrica empleaba en 2012 a más trabajadores (41.109 empleos directos e indirectos) que ninguna otra tecnología. Ni siquiera la formidable eólica de los 20.000 megavatios instalados era capaz de hacerle sombra (23.308 empleos directos e indirectos). Tampoco la termosolar, entonces en la cresta de la ola: 27.582 (hoy son muchos menos, pues todas las centrales termosolares que estaban entonces en fase de construcción… están ya construidas).
Tampoco es despreciable la aportación del sector al Producto Interior Bruto (PIB). Según el último Estudio Macroeconómico de APPA, las biomasas para generación eléctrica (biomasa sólida y biogás) situaron su contribución al PIB en 1.310 millones de euros en 2012. La asociación destaca, además, que, “de esta cifra, 837 millones de euros corresponden al impacto directo, mientras que los restantes 473 millones responden al impacto inducido del sector, es decir, que más de un 36% de la contribución del sector de la biomasa al PIB se corresponde a las actividades complementarias a la actividad principal del sector, que es la valoración energética de residuos para generar energía eléctrica”. A pesar de todo, ni las primas de antaño fueron lo suficientemente atractivas como para convencer a cuantos inversores hubiese sido necesario (la potencia acumulada dista mucho de los objetivos PER), ni el marasmo de hogaño –muerta la prima y viva la inseguridad jurídica– atrae a nadie.
Así, no es de extrañar que los números de esta legislatura –que enfila ya su último cuarto– sean más raquíticos de lo que nunca fueron. La lectura que hace APPA de este trienio negro es muy explícita: “a principios de 2012 –dice la asociación en su último Estudio Macroeconómico-, los proyectos que habían comenzado a gestarse se vieron truncados”. ¿Por qué? “Debido a la aprobación del Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, que suspendió los procedimientos de preasignación de retribución y los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos”. Por eso, seguramente, desde principios de 2012 y hasta hoy, cuando se cierra el trienio, prácticamente no se puede hablar más que de cuatro nuevas instalaciones: Ence Huelva (50 MW), Biomasa de Cantabria (del Grupo Armando Álvarez, 10 MW), Ence Mérida (que está previsto opere a pleno rendimiento a finales de año, 20 megas) y Gestamp, en Soria, instalación en fase de construcción y de futuro aún incierto (17 MW).
La primera de las instalaciones comenzó a operar a finales de 2012, la central cántabra fue oficialmente inaugurada en mayo de 2013, la planta de Mérida alcanzó su potencia nominal hace apenas cuatro meses, en mayo del corriente, y Gestamp se encuentra en una situación de absoluta incertidumbre. Según diversas fuentes, la empresa solicitó su inscripción en el registro de preasignación –para obtener la prima– en diciembre de 2011, es decir, unos días antes de que el Ejecutivo Rajoy suprimiese ese registro (cosa que hizo en enero de 2012), y ahora Gestamp se encontraría a la espera de que Industria resuelva cuál es su situación. Mucho más claro parece tenerlo Ence (Energía & Celulosa), que anunció en junio que se propone desarrollar un plan de generación eléctrica con biomasa en las islas Canarias, donde asegura prevé desarrollar hasta 140 MW “en una primera fase”. Aunque el anuncio ha sido recibido con escepticismo en algunos cenáculos, lo cierto es que la compañía asegura que serán dos las plantas –de 70 MW cada una– y que estarán ubicadas concretamente en los puertos de Arinaga y Las Palmas.
Más modesta (¿o quizá más ambiciosa?) es la instalación que ha desarrollado Ecobiogàs en Castelló de Farfanya, en la provincia de Lérida. Allí, esta joven ingeniería ha puesto en marcha una pequeña central de biogás que presenta una singularidad extraordinaria, “es la primera planta 100% para autoconsumo”. La instalación de Castelló entró en servicio el pasado mes de diciembre y se encuentra situada en el interior de una granja de madres reproductoras y cerdos de engorde y cerca de una explotación de pollos. La central de biogás trata las deyecciones de las dos granjas, una mezcla de purines y gallinaza. Con ese residuo, la planta genera biogás que se destina íntegramente al autoconsumo.
Según Àngel Porta, director de la ingeniería, la potencia eléctrica nominal de la instalación asciende a los cien kilovatios, que está previsto sean capaces de generar 800.000 kilovatios hora al año. Además, la central cuenta con una potencia térmica nominal de 121 kilovatios, que producen calefacción para los animales. Según Porta, el propietario ha conseguido reducir el gasto en electricidad “prácticamente a cero; está pagando solamente, porque no se ha desconectado, las cuotas de mantenimiento, la potencia que tienen contratada; y en el caso del gasto térmico, que aquí había un gasto elevadísimo, lo han reducido prácticamente en un 80%”. En fin, otra de esas iniciativas chiquitas que se enfrentan al terrorismo regulatorio de un gobierno absoluto que lleva casi año y medio amenazando con un real decreto de autoconsumo… sencillamente insensato.
