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COSTA RICA

Autoconsumo: Empresas eléctricas deben presentar contrato tipo

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La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) ha establecido que las empresas distribuidoras de electricidad deben tener un plan de implementación de equipos para autoconsumo en el que se establezcan los requisitos técnicos para la interconexión de modo de garantizar la operación del sistema, definir el procedimiento para la instalación del servicio y elaborar el contrato tipo que regulará la relación entre la empresa y el usuario, así como los derechos y deberes de cada una de las partes. El sector empresarial plantea por su parte medidas para estimular el mercado de la renovables, la eficiencia energética y la generación distribuida.

El anuncio se da en el marco de la aprobación en abril pasado del Reglamento para la Planeación, Operación y Acceso al Sistema Eléctrico Nacional (POASEN), con el que se abre la posibilidad de que se instalen equipos para autoconsumo a partir de fuentes como la solar, la biomasa y la eólica, y que el sobrante sea inyectado al sistema eléctrico.

Queda pendiente por parte del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) emitir un permiso para cada generador, a fin de tener registro de su ubicación y el aporte que brindan al sistema, aunque hasta el momento ningún permiso ha sido otorgado.

Según los cronogramas, a partir de enero próximo las empresas deberán presentar sus planes de implementación.

Propuesta del sector empresarial
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) ha hecho saber mediante un comunicado, que además de la eliminación de los límites a la participación de la empresa privada en proyectos de energía renovable, propone "acelerar los proyectos de generación renovable en marcha y su entrada en operación, así como la activación de nuevos proyectos públicos y privados que recibirán el calificativo de interés público dando siempre prioridad a los más competitivos".

Respecto a la eficiencia energética se plantea como meta una reducción de la tarifa eléctrica en al menos un 10%, con medidas como "el escrutinio público basado en el precio del kilovatio hora y la firmeza del suministro que aportará a la red", "eliminar el precio piso para la licitación de subastas de proyectos nuevos" y "crear un mercado mayorista competitivo con la mayor participación posible que permita diferentes tipos de contratos, incluidos contratos bilaterales, bajo una institucionalidad supervisora y unos mecanismos de participación que fomenten precios competitivos".

Finalmente, en lo que atañe a la generación distribuida "en el mediano plazo se propone alcanzar un 5% de la potencia instalada nacional bajo la calificación de instalación de generación distribuida en 5 años y el número de 30.000 instalaciones generadoras". En ese sentido, la apuesta presentada es por "establecer modalidades de contrato estándar - sin necesidad de concesión para tamaños inferiores a 1 MW - para los servicios de generación distribuida", también de "una metodología trasparente, predecible y equitativa para la fijación/reconocimiento de tarifas en la relación bilateral entre micro y mini-generador y distribuidoras", y "un programa de financiamiento preferencial para instalaciones de generación renovables, declarándolas de interés público".

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