El presidente de la asociación solar, Miguel Ángel Martínez-Aroca, se reunirá Francisco Fernández Marugán, adjunto primero del Defensor del Pueblo, para avanzar en la vertiente judicial de esta reciente recomendación realizada por la institución.
Anpier considera que “la extrema preocupación del Gobierno español con respecto a las demandas internacionales presentadas por los inversores extranjeros contrasta con la tranquilidad que manifiesta con respecto a los pleitos que cursan a través de la jurisdicción española por idénticas causas, una paradoja que traslada la sensación de que la justicia española fallará en contra de los fotovoltaicos nacionales, mientras que los tribunales de arbitraje internacional sí darían la razón a los fotovoltaicos foráneos que invirtieron en nuestro país”.
La asociación añade que el diario Cinco Días recogió el pasado día 17 de julio las siguientes afirmaciones: “Algunos despachos de abogados españoles aseguran haber recibido llamadas de los responsables de Industria pidiéndoles que se abstengan de defender en los tribunales a las empresas de renovables, que recurrirán masivamente sus recortes de ingresos. Aun con todo, hay coincidencia al señalar que ni al ministro, José Manuel Soria, ni al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, les preocupan los recursos en España, aunque sí los arbitrajes internacionales”.
Dos caras
Anpier considera que José Manuel Soria realiza ingentes esfuerzos por contentar a los productores extranjeros y, por este motivo, incluso se desplazó a EEUU y a los Emiratos Árabes, mientras que no ha querido ni siquiera recibir en su despacho de Madrid a los representantes de las 62.000 familias fotovoltaicas españolas.
Martínez-Aroca pedirá al Defensor del Pueblo que investigue esta “sorprendente dualidad” del Ministerio de Industria, Energía y Turismo frente a un mismo hecho, “que discrimina a nacionales frente no nacionales”. En su opinión, a la luz de estos hechos, “da la sensación de que los productores fotovoltaicos españoles deberemos agotar la jurisdicción nacional como mero trámite, antes de poder solicitar justicia en las instancias internacionales, en este caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y entonces, ya sí, suponer motivo de preocupación para el Estado español”.