ANPIER recuerda en un comunicado que los productores españoles en energía solar fotovoltaica están ultimando sus reclamaciones por daño patrimonial frente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, puesto que el Tribunal Supremo admite el cambio retroactivo, pero no se opone a las indemnizaciones derivadas del daño que ocasionan dichas modificaciones.
ANPIER estima que serían 55.000 procesos judiciales frente al MINETUR y otras tantas impugnaciones ante la Audiencia Nacional por las liquidaciones definitivas que se reciban desde la Comisión Nacional de la Energía con las mermas contempladas por estas normas retroactivas en las retribuciones que debe percibir los productores de energía solar.
Además, están pendientes de resolverse los arbitrajes internacionales, donde los fondos internacionales reclaman las indemnizaciones que les corresponden por los daños producidos a sus clientes por estos cambios normativos. España es, indica la asocición, el único país de la OCDE con arbitrajes abiertos.
Por otra parte, el sector no ha podido recurrir el RD-L 14/2010, porque su rango de Ley limita, con mucha intención, el recurso a ciertos actores; sin embargo sí lo han hecho las comunidades autónomas de Murcia, Valencia y Extremadura ante el Tribunal Constitucional.
Desde la Unión Europea, el Comisario Europeo de Energía, Günther Oettinger, en la reunión que mantuvo con ANPIER a principios de julio, expresó que resultaba esencial que España recuperara la confianza de los inversores con un marco legal que no contemple regulaciones retroactivas, como lo ha sido el RD 1565/2010 y el RDLey 14/2010.
También el PSOE, a través de su Secretario General de Ordenamiento del Territorio y Sostenibilidad, Hugo Morán Fernández, ha reconocido que los RD 1565/2010 y RDL 14/2010 fueron un error, por lo que no se opondrían a su derogación; en esta misma línea se han posicionado todas las fuerzas políticas que se han manifestado con respecto a esta cuestión, como UPyD e Izquierda Plural.
