Reproducimos a continuación la nota de prensa que ha difundido esta tarde, tras el Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía. Dice así:
«El bono social supone un descuento del 25% en la factura final de electricidad y pueden acogerse a él los consumidores más vulnerables, un colectivo que actualmente incluye a las familias con todos sus miembros en situación de desempleo, a los perceptores de pensiones mínimas, a las familias numerosas y a los consumidores con potencia contratada inferior a 3 kilovatios. Actualmente existen 2,4 millones de hogares acogidos al bono social. Debido a una reciente sentencia del Tribunal Supremo, la financiación del bono social había quedado invalidada, aunque los consumidores vulnerables podían continuar acogiéndose al mismo. Con este Real Decreto Ley se restablece la financiación del bono social que será asumido por las comercializadoras de energía eléctrica.
Prohibición del corte de suministro
La norma establece que no podrá suspenderse el suministro eléctrico a los consumidores en situación de especial vulnerabilidad que estén siendo atendidos por los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes. Actualmente la Ley del Sector Eléctrico ya contempla una serie de suministros considerados esenciales a los que en ningún caso podría suspenderse el suministro eléctrico (cárceles, hospitales, etcétera). Con esta medida se pasa a incluir también a los consumidores en situación de vulnerabilidad severa. Se establece asimismo que las comercializadoras eléctricas cofinanciarán una parte de los gastos que las administraciones competentes estén ya realizando para atender a estos consumidores.
Otras medidas de protección
Se amplía de dos a cuatro meses el plazo para suspender el suministro a determinados grupos de consumidores vulnerables en caso de impago. Se da un mandato al Gobierno para que, en el plazo de tres meses, desarrolle la normativa necesaria para establecer los términos y condiciones de aplicación de estas medidas de protección al consumidor, así como para impulsar medidas de protección y de mejora de la transparencia en la contratación del suministro de los consumidores vulnerables».
Así dice el Ministerio de Energía en nota de prensa con fecha de 23 de diciembre. Ahora, releamos ese último párrafo
"Se da un mandato al Gobierno para que, en el plazo de tres meses, desarrolle la normativa necesaria para establecer los términos y condiciones de aplicación de estas medidas de protección al consumidor". El invierno acaba el próximo 20 de marzo. El plazo establecido por el Gobierno concluye el próximo 23 de marzo.
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